Las pensiones en España para 2026 enfrentan una actualización general del 2,7%, calculada según el IPC medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como dicta la reforma de pensiones implementada entre 2021 y 2023. Este ajuste impacta a más de 10,4 millones de beneficiarios en el sistema de la Seguridad Social, abarcando pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, además de las de Clases Pasivas del Estado.
Esta revalorización se ha incluido en un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de diciembre de 2025, configurado como un paquete «ómnibus» que integra diversas medidas más allá de las pensiones. Entre ellas figuran la prórroga del “escudo social” -protección total a la figura del okupa- la extensión de descuentos en el transporte público durante todo 2026, y otras ayudas vinculadas a la DANA y la promoción del vehículo eléctrico. Esta agrupación de disposiciones ha generado, como resultaba previsible, controversia, ya que el decreto requiere convalidación en el Congreso de los Diputados, con una votación programada para mañana martes 27 de enero.
La oposición ha sido tajante en sus críticas al enfoque del sanchismo. Se califica el decreto de «paquete trampa» y «chantaje»: el Ejecutivo ha unido deliberadamente la revalorización de pensiones —con la que el PP coincide— a la protección del okupa y la complicación para recuperar las propiedades afectadas. Esta estrategia, que no es nueva y ya salió regular, obliga a los partidos a votar un todo o nada, en lugar de permitir una tramitación limpia y separada para las pensiones, como se ha hecho en años previos. Junts se ha alineado con esta visión, describiendo la inclusión de las pensiones en el omnibus como un «chantaje» explícito y registrando una proposición de ley alternativa para garantizar solo la subida del 2,7% con efectos retroactivos, sin las medidas adicionales. Ambas formaciones han anunciado su voto en contra del decreto completo, lo que, dada la aritmética parlamentaria ajustada, descarta su aprobación salvo sorpresas de última hora.
Si el decreto cae, la subida de pensiones no se implementaría automáticamente, forzando al Gobierno a recurrir a un nuevo decreto o un proyecto de ley ordinario, con demoras inevitables en los pagos a los pensionistas y mayor exposición a debates prolongados. Esta decisión ha expuesto al Ejecutivo a una posible derrota parlamentaria; su táctica ha priorizado el control político sobre la eficiencia legislativa, torpedeando la actualización de las prestaciones y exponiendo la jerarquía de sus prioridades.
