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El PP pone el foco en el padrón y acusa a Sánchez de cálculo electoral

Génova abandona la tibieza y vincula la legalización masiva de 500.000 inmigrantes con un intento de la izquierda de blindar las mayorías en las municipales de 2027.

l PP advierte de que legalizar la situación administrativa de medio millón de personas sin un plan de inversión en servicios públicos es una temeridad
l PP advierte de que legalizar la situación administrativa de medio millón de personas sin un plan de inversión en servicios públicos es una temeridad.

La dirección nacional del Partido Popular ha decidido elevar la temperatura política en torno a la regularización masiva de 500.000 inmigrantes, desplazando el debate desde la gestión de fronteras hacia un escenario mucho más inquietante: la supervivencia del equilibrio democrático en los ayuntamientos. En Génova ya no se habla solo de «efecto llamada» o de falta de medios policiales, sino de una maniobra de ingeniería social diseñada en los despachos de la Moncloa para fabricar un nuevo censo electoral a medida de los intereses de la izquierda.

La aritmética del «voto cautivo»

La tesis que maneja el equipo de Alberto Núñez Feijóo sostiene que esta regularización no es un acto de humanidad espontánea, sino una herramienta de supervivencia con la vista puesta en mayo de 2027. Al otorgar la residencia legal a medio millón de personas de un plumazo, el Gobierno acelera los plazos para que una masa crítica de nuevos residentes pueda inscribirse en el padrón. Por su parte, el PP sostiene que esta medida podría tener efectos en el censo municipal y en el clima electoral. En un mapa político donde decenas de alcaldías se deciden por un puñado de votos, la introducción de este nuevo factor demográfico podría suponer un vuelco irreversible en plazas clave donde el PSOE y sus socios están hoy en retroceso.

El colapso de los servicios como daño colateral

Esta ofensiva de los populares busca también desnudar la contradicción de un Ejecutivo que aprueba la medida por decreto, pero traslada la presión —y la factura— a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El PP advierte de que legalizar la situación administrativa de medio millón de personas sin un plan de inversión en servicios públicos es una temeridad que condena al colapso a la sanidad y la educación, ya de por sí tensionadas. Para los populares, se está premiando la entrada irregular mientras se ignora a los ciudadanos que esperan meses para una cita en la administración.

Entre la valla y la urna

El giro más relevante del PP es su intento de ocupar el carril central de este conflicto. Al señalar la regularización como una «treta electoral», Feijóo intenta desmarcarse de la retórica más inflamada de otros sectores, centrando el tiro en la pulcritud del sistema democrático y en el respeto a las leyes de extranjería que el Gobierno parece dispuesto a saltarse. La batalla ya no es solo por el control de la valla, sino por quién tiene derecho a decidir el futuro de los municipios españoles.

El escenario que dibuja el Partido Popular es el de un Gobierno que, consciente de su debilidad en la calle, busca refugio en el BOE para alterar la base del electorado. Si la regularización sigue adelante sin filtros ni consenso, España se encamina a unas elecciones locales donde el resultado podría estar condicionado por un decreto ley diseñado, más que para integrar, para perpetuar el poder a cualquier precio.

María Riera
María Riera
Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM.

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