La polémica sobre la obligatoriedad de la baliza V16 ha dado un vuelco inesperado tras las revelaciones de un conocido creador de contenido. En un vídeo que se ha propagado como la pólvora en redes, un youtuber ha puesto cifras al que muchos ya consideran el último «atraco» de la Dirección General de Tráfico (DGT) a los conductores españoles.
El precio de la «seguridad» al descubierto
Lo que la DGT vende como una medida indispensable para reducir atropellos en carretera, este análisis lo ha reducido a una simple cuestión de márgenes comerciales. En su intervención, el youtuber expone el precio de coste real de fabricación de estas balizas —apenas unos pocos euros en origen—, dejando al descubierto la enorme brecha con el precio final que el ciudadano se ve obligado a pagar por la homologación oficial.
La revelación ha servido para alimentar la sospecha ciudadana: tras la jubilación forzosa de los tradicionales triángulos de emergencia, no hay tanto una preocupación por la seguridad vial como un interés comercial de los fabricantes y las empresas de conectividad autorizadas por el Ministerio del Interior.
🚨 URGENTE / ¡ES UNA ESTAFA!
— HazteOir.org (@hazteoir) January 28, 2026
El youtuber Nil Ojeda expone cual el precio de coste real de la baliza V16.
A pesar de ser una estafa que NO se ve y que pone en riesgo la seguridad vial (además de estar controlados por GPS a la DGT), ayer Pere Navarro ordenó a la Guardia Civil que… pic.twitter.com/tcp86tf7w5
Hazte Oír lidera la ofensiva ciudadana
La indignación generada por estas cifras ha encontrado un canal de acción política a través de Hazte Oír. La asociación ha lanzado una contundente campaña para exigir que se detenga lo que consideran una imposición arbitraria, recaudatoria y que atenta contra la libertad de elección del conductor.
A través de la plataforma CitizenGO, se están recogiendo miles de firmas para exigir que la DGT dé marcha atrás y no multe a quienes se nieguen a pasar por el aro de este nuevo «impuesto» tecnológico. Puedes unirte a la petición oficial aquí.
¿Seguridad vial o negocio encubierto?
La campaña subraya que la imposición de la baliza conectada no solo supone un golpe al bolsillo de las familias, sino que también abre la puerta a una monitorización constante del vehículo. Con la fecha límite para la obligatoriedad total del dispositivo acercándose, la presión social sigue en aumento. Entre la evidencia de los bajos costes de producción y la movilización de asociaciones civiles, la DGT se enfrenta a una nueva crisis de credibilidad.
