El Parlamento de Escocia se prepara para un debate que podría cambiar drásticamente el mapa de los derechos de las mujeres en el país. La diputada independiente Ash Regan ha presentado formalmente el proyecto de ley Prostitution (Offences and Support) (Scotland) Bill, popularmente conocido como la “Ley Unbuyable” (No Comprable). Esta iniciativa propone un cambio de paradigma total: dejar de perseguir a las mujeres y poner el foco penal en el demandante, el «putero».
El núcleo de la propuesta se basa en el Modelo Nórdico, ya implantado en países como Suecia o Francia. La ley busca criminalizar por primera vez la compra de actos sexuales en Escocia, con multas que podrían alcanzar las 10.000 libras (unos 12.000 euros) e incluso penas de prisión de hasta seis meses. De forma paralela, el texto legal elimina las sanciones para las mujeres que ejercen la prostitución y propone anular sus antecedentes penales históricos relacionados con esta actividad.
Derecho legal al apoyo
Más allá de la reforma penal, la «Ley Unbuyable» introduce una novedad pionera: el derecho estatutario a recibir apoyo. Si la ley se aprueba, el Gobierno escocés tendrá la obligación legal de garantizar asistencia médica, psicológica, financiera y de vivienda a las personas que deseen abandonar la prostitución. “No se trata solo de prohibir, sino de ofrecer una salida real a quienes están atrapadas en la explotación”, señalan fuentes cercanas a la diputada.
División entre la clase política escocesa
Aunque la ley cuenta con el respaldo de la Conferencia de Obispos de Escocia, expertos de la ONU y diversas asociaciones feministas, el Parlamento se encuentra dividido. El Comité de Justicia Criminal de Holyrood se ha mostrado partido a la mitad, con críticas de sectores que temen que la criminalización del cliente empuje la actividad a la clandestinidad, aumentando la inseguridad de las mujeres.
El debate comenzará en los próximos días y se espera que sea una de las votaciones más ajustadas y seguidas de la legislatura. De aprobarse, Escocia se sumaría al grupo de naciones que consideran la prostitución no como un trabajo, sino como una forma de violencia de género y desigualdad estructural.
