Sánchez ha sido presa propicia de las todas las especies de garrapatas que lo auparon por primera vez a la presidencia del Gobierno de España el 1 de junio de 2018, aprovechando la extrema debilidad del grupo socialista en el Congreso, donde PSOE, PSC y PSOE-Nueva Canarias contaban con tan sólo 85 (75+7+3) diputados, y muy conscientes de que el nuevo inquilino en la Moncloa no podría aprobar una sola ley sin el consentimiento de todos y cada uno de ellos. El asunto no mejoró apreciablemente tras los resultados de las elecciones generales de 2019 y 2023, y los socios y avalistas de Sánchez no han dudado en sacar provecho de la oportunidad histórica que les brindaba la extrema debilidad parlamentaria del gobierno.
Unos y otros pusieron en marcha sin dilación una operación de acoso y derribo con un único propósito: socavar el Estado de Derecho instaurado con la Constitución de 1978 y hacerse con los retazos a precio de saldo o incluso con bonificación incluida. En estos siete años y medio, le han ido chupando la sangre poco a poco y ahora el rostro acartonado de Sánchez muestra todas las cicatrices de quien, como Frankenstein, ha pasado una y otra vez por el quirófano, y cada uno de los retazos mal cosidos lleva la firma de su particular socio o avalista: los populistas de Podemos y Sumar, los rufianes de ERC, los prófugos de Junts, los cínicos cuentacuentos del PNV y los carceleros y asesinos blanqueados de EH Bildu.
Corrupción institutucional y desamortización inversa
La rebelión de los golpistas catalanes se transustanció en sedición por obra y gracia de la Abogacía y la Fiscalía del Estado; los golpistas de Junts y ERC fueron indultados, en contra de la opinión emitida por el Tribunal Supremo y pese a no haber mostrado arrepentimiento alguno; el compromiso de Sánchez de traer al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo dio paso a la amnistía y el borrado de casi todos sus delitos; el principio de igualdad, tan querido por la izquierda española, se quebró con la condonación de la deuda y la aprobación de un modelo de financiación singular para beneficiar a la Generalidad de Cataluña; la unidad de caja de los impuestos estatales está en riego por la cesión de las competencias de gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos a la Generalidad de Cataluña; y ahora se están negociando transferencias de los servicios de inmigración y vigilancia de fronteras, desmembración de empresas estatales, etc., etc. El gobierno más corrupto que ha tenido España no ha caído porque a todos sus avalistas, da igual si se definen a sí mismos de izquierdas o derechas, les interesa seguir exprimiendo la sangre del agónico cadáver viviente en su refugio monclovita.
A finales del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX se produjeron diversos procesos de desamortización de bienes (principalmente, eclesiásticos) que fueron vendidos para proporcionar ingresos a las maltrechas finanzas de la Hacienda de la Monarquía, sacudidas por la Guerra de Independencia, los procesos de emancipación de los virreinatos en América y las guerras carlistas, siendo la de Mendizábal en 1837 quizá la más conocida. La política seguida por el gobierno de Sánchez de entregar retazos del Estado y empresas públicas a sus avalistas en el Congreso en pleno siglo XXI constituye una suerte de desamortización inversa cuyo propósito, contrariamente al de las desamortizaciones del siglo XIX que proporcionaban ingresos extraordinarios al Estado, está produciendo la descapitalización del Estado por mero cálculo político del gobierno de Sánchez para estirar la agónica legislatura, ganar algo de tiempo y entorpecer la labor de los tribunales.
El subastero y los postores vuelven a la carga
Perseguido por sus engaños continuados a los ciudadanos y las promesas electorales incumplidas, por los abundantes casos de corrupción de sus colaboradores más cercanos, tanto en el Gobierno (Ábalos, ministro de Transporte) como en el PSOE (secretarios de organización Ábalos y Cerdán), y por los casos de nepotismo manifiesto para colocar a su hermanísimo en la Diputación de Badajoz y crear una cátedra ad hoc creada para su esposísima (sin otros credenciales profesionales que su experiencia en administración de saunas familiares) en la Universidad Complutense, el líder de todos los líderes progresistas mundiales no puede pisar la calle y permanece agazapado en el palacio de la Moncloa, con la esperanza de que esta nueva desamortización inversa le permita comprar tiempo y utilizar todos los instrumentos al abasto del poder ejecutivo para desbaratar los procesos judiciales que podrían acabar con él entre rejas.
Los lideres de la oposición afean a Sánchez que no haya presentado los proyectos de Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023. El precio político, amén de otros peajes pagados en aquella infausta ocasión, noviembre de 2022, fueron los indultos a los golpistas de ERC y Junts condenados por el Tribunal Supremo en junio de 2021. ¿Se han preguntado quienes le reclaman que presente los PGE 2026 cuál será el precio a pagar si llegaran a presentarse? Los miembros del Gobierno alardean de su infinita capacidad para negociar con otros grupos políticos, cuando en realidad deberían avergonzarse por su infinita capacidad para conceder todo lo que esos grupos le exigen. Cerdán, secretario de organización del PSOE, mostró su gran capacidad de negociación cuando el grupo socialista en el Congreso registró la ley de amnistía el 13 de noviembre de 2023, para borrar los delitos de los sediciosos a cambio de investir a Sánchez presidente tres días después. Illa (PSC) negoció su investidura como presidente de la Generalidad a cambio de prometer a ERC una financiación singular que supondría ceder la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos devengados en Cataluña, y la vicepresidenta Montero trata de darnos gato por liebre alabando el nuevo sistema de financiación autonómica, negociado bilateralmente con ERC.
¿PGE 2026? No, por favor
El tiempo de Sánchez terminará en el peor de los casos en julio de 2027 y ERC, Junts, PNV y EH Bildu están dispuestos a aprovechar los meses que les quedan para socavar el Estado tanto como puedan. Montero quizá está ya preparando más condonaciones de deuda, un consorcio con la Agencia Tributaria Catalana para ocultar al público la cesión de facto de la Administración Tributaria. Puente ha ordenado a su equipo organizar el despiece de Renfe y Aena. El gran Marlaska afina la cesión de las competencias en inmigración y fronteras a los gobiernos de Cataluña y el País Vasco. Y bajas Torres se afana, según uno de los diarios del régimen, en transferir al gobierno vasco “las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo”. Las concesiones a Bildu, se hacen con mayor sigilo, sin luz ni taquígrafos, muy al estilo zulo-tabernario, pero ahí están el acercamiento de terroristas, la retirada de la Guardia Civil de Navarra o la cesión de la alcaldía de Pamplona a los bilduetarras.
A todos ellos, de izquierdas, derechas y mediopensionistas, les conviene seguir adelante con esta pantomima de gobierno progresista, porque Sánchez no gobierna, Sánchez subasta las instituciones estatales y las empresas públicas para mantenerse en el poder, ganar tiempo e intentar desbaratar la acción de los tribunales de justicia. Puestos a pensar lo peor, no se extrañen si para aprobar los PGE 2026 del Estado, Sánchez e Illa se muestran dispuestos a hablar sobre el derecho a decidir y la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña y El País Vasco. Cada día que Sánchez pasa en Moncloa, los ciudadanos españoles, en tanto que sujetos políticos de la nación, perdemos el control de alguna institución clave del Estado o alguna empresa pública. Así que, por favor, no le reclamen al subastero que presente los PGE 2026 porque los postores van a hacer su agosto y la factura nos tocará pagarla, una vez más, a los ciudadanos de izquierdas y de derechas.
