El plan del Gobierno español para endurecer el control sobre las plataformas digitales ya ha encontrado un primer límite: la advertencia de Bruselas. La Comisión Europea ha recibido con cautela el anuncio de Madrid de exigir responsabilidades más severas a las grandes tecnológicas y ha puesto el foco en el punto más controvertido: la posible responsabilidad penal individual de los directivos por contenidos publicados por terceros.
En Bruselas, el mensaje ha sido claro: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) se diseñó precisamente para evitar ese enfoque. Según explicó el portavoz comunitario Thomas Regnier, el DSA no persigue a individuos, sino que responsabiliza a las plataformas como tales. Traducido: el marco europeo prefiere un esquema de supervisión y sanciones sobre la empresa antes que abrir la puerta a procesos penales personalizados por lo que suben los usuarios.
El choque de dos enfoques: penal vs. marco europeo
El Ejecutivo español defiende que, cuando una plataforma no actúa frente a contenidos ilícitos, debe haber consecuencias más allá de las multas. Reuters ha recogido que el Gobierno plantea impulsar una norma para que ejecutivos de redes sociales asuman responsabilidad personal por discurso de odio en sus plataformas. Pero la Comisión advierte de un riesgo jurídico: si un Estado miembro intenta imponer obligaciones adicionales o duplicar la regulación en un terreno ya cubierto por el DSA, puede generar conflicto con el marco común europeo.
La Comisión, de hecho, subraya el “efecto armonizador” del DSA: el objetivo es que las reglas sean coherentes en toda la UE y que no haya 27 regímenes paralelos para las mismas obligaciones. En ese contexto, el aviso de Bruselas suena a freno preventivo: antes de hablar de penas, hay que ver si la propuesta encaja o choca con lo ya regulado.
Lo que está encima de la mesa (y lo que no)
A día de hoy, el choque se mueve en el terreno político y de principios porque la propia Comisión admite que todavía no hay un borrador de ley. Eso es relevante: sin texto, es imposible saber alcance, supuestos, garantías y si habría o no consecuencias penales efectivas. Lo que sí está ocurriendo es un debate público: hasta dónde puede llegar una regulación nacional sin invadir competencias y sin contradecir el marco europeo vigente.
En resumen, más que un “portazo”, lo que hay es una señal de advertencia: Bruselas avala la preocupación por la impunidad online, pero recuerda que el camino —si se quiere evitar una colisión jurídica— pasa por el marco europeo y por medidas compatibles con el DSA, no por abrir una vía penal individual que el propio reglamento evitó deliberadamente.
