El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal nos deja una de esas conclusiones que incomodan por su sobriedad y contundencia aunque es sobradamente conocida y sufrida por cualquier empresario , sea grande , mediano o pequeño. Sin estridencias ni juicios ideológicos, el organismo constata que las bajas por incapacidad temporal se han disparado hasta niveles difícilmente sostenibles: hoy hay casi el doble de bajas por cada mil afiliados que hace una década y el gasto asociado crece a un ritmo muy superior al del empleo o los salarios: El gasto asociado supera los 16.500 millones de euros en 2024.
España sigue siendo, en lo esencial, un país cumplidor. Pero cuando un indicador se desborda de forma tan abrupta, el problema ya no puede explicarse sólo por la salud de la población. Hay algo más profundo: un sistema de incentivos que ha dejado de funcionar. Entre 2017 y 2024 la incidencia de bajas por incapacidad temporal ha aumentado en torno a un 60 %, y la duración media de los procesos ha crecido aproximadamente un 15 %, pasando de unos 40 días a alrededor de 46 días de media.
Las bajas de corta duración son las que más crecen, los mecanismos de supervisión son limitados y la carga económica recae cada vez más sobre empresas y Seguridad Social. En estas condiciones, basta con que el coste individual de ausentarse sea bajo y el control escaso para que el recurso a la incapacidad temporal se convierta, en demasiados casos, en una válvula de escape ante el estrés , la desmotivación o, de forma creciente, la simple cara dura. Cada vez son más los especialistas en entrar en una empresa y el segundo día pedir la baja. Y encima ni tan siquiera se puede preguntar al trabajador que problema tiene o cuanto tiempo prevé dure la baja.
Tampoco conviene ignorar el clima político que ha acompañado estos años. Desde el propio sanchismo gobernante, aunque con especial protagonismo del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, se ha instalado con frecuencia un discurso que presenta el trabajo más como una carga que como un elemento de progreso personal y colectivo. La reducción constante de jornadas, la ampliación de permisos y la idea de que la felicidad pasa, ante todo, por trabajar menos pueden ser propuestas legítimas, pero transmiten un mensaje ambiguo: que la obligación laboral es, en el fondo, un lastre del que conviene escapar. lo mismo ocurre en muchas escuelas demasiado ideologizadas.
Un país no puede aspirar a financiar mejores servicios públicos, pensiones más altas y mayor protección social reduciendo al mismo tiempo las horas efectivas trabajadas. Menos productividad y más gasto es una ecuación que no cierra, menos aún cuando nos encontramos con el Ejecutivo más abierto al despilfarro y la alegría del gasto.
Proteger al trabajador es irrenunciable, nadie lo pone en duda. Pero hay un equilibrio entre la «explotación» y la falta de garantías laborales y un sistema que castiga el esfuerzo, denosta el trabajo y premia -o como mínimo facilita- el escaqueo. El control médico en las bajas es irrisorio y el aumento exponencial de los casos de corta duración debería hacer arquear la ceja a más de uno. Los incentivos han desaparecido de la ecuación y el Gobierno se emperra en alienar el esfuerzo de los resultados productivos y el bienestar material. El trabajo es necesario, más aún en un Estado del Bienestar que enfrenta nuestros retos demográficos, y solo desde una concepción renovada del compromiso y el orgullo por las cosas bien hechas se vislumbra un camino que no acabe por rematar el sistema.
Y , sobre todo para las pequeñas empresas, llueve sobre mojado. Anuncios de reducción de horas de trabajo, más burocracia, más permisos con coste para las empresas, aumento de las cargas sociales, casí imposibilidad de despedir o sancionar, en definitiva un mundo que acabará expulsando a los autónomos y pymes: sólo quedarán funcionarios y grandes corporaciones. La laminación de las clases medias debería ser una mala noticia para los demócratas, pero de esos ya casí no quedan
