La publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) vuelve a dejar un aviso para la política española: la confianza institucional no se recupera. En la edición 2025, España aparece con 55 puntos sobre 100 y cae al puesto 49, un retroceso que alimenta la sensación de estancamiento en materia de integridad pública.
📊 España obtiene 55/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (#CPI2025), baja 1 punto y 3 puestos (49/182).
— Transparencia Int.ES (@TISpain) February 10, 2026
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Qué mide (y qué no mide) el índice
El CPI no mide condenas ni sumarios: mide percepción a partir de evaluaciones de expertos y del entorno económico. Y precisamente por eso tiene impacto político: cuando la percepción empeora, también lo hace el “clima” de confianza —y con él, la credibilidad de las instituciones. En el plano interno, el dato se lee como un síntoma de algo más amplio: polarización permanente, reformas a medio camino y una sensación de impunidad “de baja intensidad” que no siempre se traduce en delitos, pero sí en desafección. La consecuencia es conocida: cada bloque usa el índice como arma arrojadiza, mientras el ciudadano se queda con la impresión de que el sistema se protege a sí mismo.
📊 Índice de Percepción de la Corrupción 2025
— Transparencia Int.ES (@TISpain) February 10, 2026
🇪🇸 España baja 1 punto y 3 puestos en el ranking respecto al año pasado.
⚠️ El grave debilitamiento global de los mecanismos anticorrupción genera preocupación internacional.
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El Gobierno insiste en planes y paquetes de medidas; la oposición denuncia que «todo llega tarde o es insuficiente». Pero el núcleo del problema no cambia: sin transparencia y trazabilidad reales en la contratación pública, sin controles independientes y sin sanciones efectivas, cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse en papel mojado.
La conclusión es clara: la percepción de corrupción se acumula y cuesta años revertirla. No hace falta una cascada de condenas para que el descrédito avance; basta con escándalos recurrentes, controles débiles y una política que convierte la rendición de cuentas en munición partidista.
