Las propuestas de resolución registradas en el Parlament sobre el ascensor social permiten anticipar por dónde discurrirá el debate político. Más allá de las diferencias ideológicas esperables, la mayoría de grupos comparten un mismo punto de partida: si el ascensor social no funciona, la solución pasa por más redistribución, más gasto público y una fiscalidad más asfixiante.
El planteamiento es cómodo: pretende convertir la movilidad social –efectivamente damnificada– en una cuestión exclusivamente presupuestaria. Si aumenta la pobreza infantil, ampliemos prestaciones. Si hay dificultades de acceso a la vivienda, reforcemos la intervención pública. Si el sistema educativo muestra síntomas de deterioro, incrementemos el gasto. Fácil y para toda la família. La solvencia de las propuestas queda acreditada por el éxito cosechado hasta la fecha.
Concretamente, esto es lo que propone cada partido:
PSC: Reforzar el Estado del bienestar como motor del ascensor social. Plantea consolidar la Formación Profesional, mejorar el acceso universitario mediante becas salario, reducir listas de espera sanitarias y reforzar la dependencia mediante más inyecciones de recursos públics. En el plano fiscal defiende mayor progresividad -más impuestos- y un nuevo modelo de financiación que incremente los recursos de la Generalitat para sostener servicios públicos más robustos.
Comuns: Profundizan en la vía redistributiva: reforma fiscal más intensa sobre grandes patrimonios, prestación universal por crianza, ampliación de la renta garantizada, expansión del parque público de vivienda y blindaje del sistema público de cuidados. Su propuesta entiende la movilidad social como garantía universal de derechos sociales.
ERC combina la ampliación de políticas sociales (gratuidad 0-3, lucha contra la pobreza infantil, refuerzo de becas y renta garantizada) con la exigencia de un modelo de financiación singular que permita a Cataluña recaudar y gestionar íntegramente más recursos.
Junts centra su propuesta en la soberanía fiscal —modelo tipo concierto económico— y en la competitividad económica. Defiende salario mínimo de referencia catalán, atracción de inversión y reordenación de ayudas sociales vinculándolas a activación laboral y «cultura del esfuerzo».
CUP plantea un giro redistributivo más profundo: aumento significativo de impuestos a grandes rentas, impulso de la renta básica universal, reducción progresiva de la concertada e intervención más intensa en vivienda y suministros básicos.
PPC propone rebajas fiscales selectivas, incentivos para aumentar la oferta de vivienda, refuerzo de la FP y una apuesta clara por eficiencia del gasto y cultura del esfuerzo como base de la movilidad social.
VOX plantea una reducción amplia de impuestos propios y cedidos, prioridad nacional en el acceso a ayudas y revisión del impacto de la inmigración sobre los servicios públicos.
Aliança Catalana introduce el factor demográfico como eje central: emergencia demográfica, restricción de acceso a ayudas vinculada a residencia prolongada y políticas natalistas para población autóctona.
En 2024 la población creció en más de 111.000 persona gracias a un saldo migratorio positivo superior a las 120.000 personas. Actualmente, alrededor del 18% de la población residente tiene nacionalidad extranjera.
Con crecimiento intensivo via inmigración, la presión sobre los servicios públicos aumenta de manera concreta puesto que no se crece en base a productividad, sinó a partir de volumen trabajado en puestos precarios con más individuos dependiendo de las transferencias del Estado: más demanda de plazas escolares, más necesidad de atención primaria, más presión sobre el mercado de la vivienda, mayor concentración de vulnerabilidad en determinados barrios… Los indicadores sociales muestran una realidad flagrante: el riesgo de pobreza o exclusión social afecta a cerca de una cuarta parte de la población catalana. En menores de 16 años supera el 36%.
La movilidad social depende, más allá del gasto -para el que no hay recursos- de la calidad del sistema educativo, de la inserción laboral efectiva, de la productividad económica y, sobre todo, de la sostenibilidad fiscal del conjunto. Si la base contributiva no crece al mismo ritmo que la población y que la demanda de servicios, el equilibrio se tensiona inevitablemente.
Buena parte de las propuestas registradas por PSC, Comuns, ERC o CUP insisten en reforzar la progresividad fiscal, ampliar prestaciones universales o blindar servicios públicos. Resulta llamativo que el factor demográfico apenas aparezca en el diagnóstico, o que se mencione exclusivamente en clave de integración cultural, sin abordar su impacto presupuestario y estructural.
Solo algunas formaciones —con planteamientos distintos entre sí— introducen explícitamente el vínculo entre inmigración, acceso a ayudas y sostenibilidad del sistema. Incorporan una variable determinante: ignorarla por incomodidad política no la hace desaparecer.
El debate sobre el ascensor social también debe centrarse en cómo generar más empleo de calidad, cómo reducir el abandono escolar, cómo incentivar la cultura del esfuerzo y cómo garantizar que la política migratoria esté alineada con la capacidad de absorción económica y social del territorio. Sin ese enfoque, el riesgo es consolidar una Cataluña a dos velocidades: una integrada en el mercado laboral formal y otra atrapada en la vulnerabilidad permanente.
El ascensor social no se repara únicamente aumentando la presión fiscal. Eso agrava el diagnóstico.
