La Generalitat de Cataluña continúa haciendo oídos sordos a las instituciones del Estado en materia lingüística, según una denuncia formulada por Sociedad Civil Catalana (SCC) este viernes. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha tenido que recordar por segunda vez al Departamento de Educación su «inexcusable deber de colaboración» ante la negativa de la Administración catalana a remitir información sobre cómo se garantiza el aprendizaje del castellano en los centros educativos, ha asegurado SCC en un comunicado..
Esta investigación nace a instancias de SCC, que en julio de 2024 denunció los posibles efectos discriminatorios del Decreto 91/2024 del régimen lingüístico. Pese a que el TSJC ya anuló varios artículos de dicha norma en septiembre de 2025, Gabilondo mantiene abierta la actuación informativa para esclarecer si la Generalitat está aplicando criterios de exclusión del español de facto.
Se agota la paciencia
En un escrito notificado el pasado 6 de febrero, la institución que dirige Gabilondo «lamenta» el retraso en el esclarecimiento de los hechos y subraya que la falta de respuesta de la Generalitat vulnera el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981. Para la plataforma constitucionalista SCC, este silencio administrativo no es casual, sino que forma parte de una estrategia para mantener una política lingüística concebida como una “herramienta de exclusión”.
Vulneración de derechos fundamentales
Desde Societat Civil Catalana advierten de que la política educativa del Ejecutivo catalán no solo contribuye a un mayor fracaso escolar, sino que vulnera el artículo 3 de la Constitución Española, que establece el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo.
La entidad insiste en que el derecho a no ser discriminado por razón de lengua debe estar protegido, especialmente tras las sentencias judiciales que obligan a la administración a ser transparente con las orientaciones que facilita a los directores de los centros educativos.
