El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado el año 2025 batiendo récords en el mercado publicitario. Según los últimos datos del Portal de Contratación e Infoadex, el Ejecutivo se ha consolidado como el tercer mayor anunciante de nuestro país, con una inversión que supera los 59,2 millones de euros solo a través de sus ministerios y entidades vinculadas.
Esta cifra sitúa el gasto del aparato gubernamental por encima de marcas históricas de la industria privada como Volkswagen, Coca-Cola, Telefónica u Orange. En el podio de los anunciantes en España, solo las multinacionales L’Oréal y Procter & Gamble superan la inversión del Estado.
Un gasto que «va a contracorriente»
Mientras el sector publicitario apenas creció un 0,9% en 2025, la inversión de los ministerios aumentó un 6,8%. Este crecimiento se produce en un contexto donde soportes tradicionales como la televisión han sufrido caídas del 4,4%. Además, expertos del sector advierten de que la cifra final de 2025 será significativamente superior cuando se publique el balance definitivo a mediados de año, pudiendo rozar los 75 millones de euros. Cabe recordar que este cómputo no incluye a las empresas públicas (como Renfe o Loterías), que suman otros 90 millones anuales al presupuesto de anuncios.
Propaganda vs Concienciación
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2019, el Gobierno ha destinado un total de 466 millones de euros a publicidad institucional. El repunte de este gasto fue especialmente visible durante los años electorales 2022 y 2023, lo que ha alimentado las críticas sobre el uso político de estos fondos públicos.
Bajo el epígrafe de «campañas de concienciación», el Ejecutivo ha financiado acciones como la promoción del bono cultural joven (3,7 millones), la sensibilización sobre derechos de vivienda (2,2 millones) o la campaña «El valor de las libertades y la democracia» (1,6 millones), según recoge The Objective.
Control de los medios
La estrategia de Moncloa no se limita solo al gasto. El Ejecutivo prepara ya su propia central de medios para gestionar directamente el reparto de estos fondos en el primer semestre de 2026. El objetivo declarado es buscar «entornos seguros» y mayor impacto, aunque desde diversos sectores se interpreta como un movimiento para aumentar el control sobre los ecosistemas informativos y los medios de comunicación que reciben estos recursos.
