La Sindicatura de Comptes ha puesto bajo la lupa dos ámbitos especialmente sensibles del sector público catalán: la contratación y adjudicación del servicio de acogimiento de infancia y adolescencia gestionado por la DGAIA en el periodo 2016–2020, y la contratación y los gastos de personal de la CCMA en 2021 y 2022. Son dos fiscalizaciones distintas, pero con un efecto político parecido: cuando el órgano fiscalizador publica conclusiones, el foco pasa de inmediato de “qué se ha hecho mal” a “quién queda señalado”.
Un patrón que se repite: el foco pasa del hecho al mensajero
En los episodios más recientes, la reacción no se limita a “qué ocurrió” o “cómo se corrige”, sino que se transforma en un choque alrededor del propio fiscalizador. La Sindicatura insiste en su condición de institución estatutaria y en su funcionamiento colegiado, con síndics elegidos por el Parlament.
En redes, ese desplazamiento se nota en cuestión de minutos: unos reclaman “responsabilidades ya” y preguntan “cómo puede pasar durante años”; otros responden con desconfianza y hablan de “campaña” o “interés político”. El resultado es el de siempre: mucho ruido, poca rendición de cuentas.
Continua el lladrocini a la DGAIA-DGPPIA. Nou nom, mateixa malversació de fons públics.
— Siscu. (@lolasevaalospu2) February 4, 2026
Així es tapen boques. pic.twitter.com/qm38HxozYd
DGAIA: la fiscalización vuelve a incomodar
El debate ha salpicado el ámbito de infancia y adolescencia, donde la gestión pública acumula tensión y escrutinio. En concreto, el informe analiza cómo se tramitó la contratación pública y la adjudicación del servicio de acogimiento en el periodo 2016–2020, un terreno especialmente delicado por la dependencia de recursos concertados y la presión asistencial.
El problema de fondo no es solo lo que señalan los informes, sino el mensaje que deja la secuencia: si el control llega tarde, la corrección llega aún más tarde. Y ahí se abre una pregunta que no se responde con titulares: qué falló para que determinados controles no actuasen antes de que el asunto terminara estallando públicamente.
📺 Los trabajadores de TV3 denuncian «enchufismo» y «arbitrariedad» en la televisión pública catalana
— El Debate (@eldebate_com) February 10, 2026
Critican que la dirección de la CCMA está convirtiendo la empresa en una «agencia de colocación» de afines
https://t.co/4crcGelt1I
CCMA: gestión interna y retribuciones en el centro del debate
Otro foco es la CCMA, el ente público que gestiona los medios audiovisuales de la Generalitat. Aquí la fiscalización se centra en contratación y gastos de personal en 2021 y 2022, y su publicación ha reactivado el debate sobre procedimientos internos, controles y el cumplimiento del marco retributivo en el sector público.
En redes, el choque se calcó al de otras crisis: indignación por la sensación de “barra libre” y, al mismo tiempo, mensajes que intentan relativizarlo o convertirlo en una batalla identitaria. Entre ambos extremos, vuelve a quedar enterrado lo esencial: qué se corrige, cómo se corrige y quién responde si no se corrige.
La clave: fiscalizar no debería ser una provocación
La Sindicatura no gobierna ni ejecuta; señala. Y precisamente por eso se convierte en diana cuando sus conclusiones incomodan. Si cada informe termina convertido en una guerra política, el gran perdedor no es el adversario de turno: es la credibilidad del control público.
La Generalitat puede discutir el tono, la oportunidad o el contexto. Pero la pregunta que queda —y que la ciudadanía entiende a la primera— es otra: si el fiscalizador te “pone contra las cuerdas”, quizá el problema no sea el árbitro, sino el partido que se estaba jugando sin vigilancia suficiente.
