Los resultados de las elecciones celebradas en Aragón se ajustaron a los anticipados en la mayoría de encuestas preelectorales y confirmaron el estado de incertidumbre en que la creciente polarización ha sumido a la política española. Algo más de cada dos de tres aragoneses (67,57 %, un punto más que en 2023) acudieron a votar. El PP ganó, nadie lo duda, ganó las elecciones pese a perder 1 punto porcentual y 2 escaños, pasando de 28 a 26 diputados, y el PSOE perdió casi 5 puntos porcentuales y 5 escaños, pasando de 23 a 18 representantes. La fuerza política que más avanzó fue Vox que, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales y 7 escaños, se consolidó con 14 representantes como la tercera fuerza política en Aragón. La Chunta Aragonesista (Cha), desligada de Sumar, casi dobló su porcentaje de votos y pasó de 3 a 6 diputados. Aragón Existe logró 2 representantes, pese a perder 1,5 puntos porcentuales y 1 escaño, e Izquierda Unida-Sumar mantuvo el diputado que tenía, pese a perder también casi dos décimas. El PAR y Podemos quedaron fuera de las Cortes de Aragón.
La reconquista de las Autonomías se atasca
La primera prueba de la apuesta del presidente Sánchez de enviar a sus ministros a reconquistar las Comunidades Autónomas se ha saldado con un sonoro fracaso que ha venido a confirmar el anterior fracaso cosechado en Extremadura donde Sánchez apostó por mantener a Gallardo como candidato a presidir la Junta, pese a estar a la espera de sentarse en el banquillo acusado de varios delitos por haber creado un puesto ad oc en la Diputación de Badajoz para David Sánchez Pérez-Castejón, el hermanísimo del presidente. Alegría, la candidata elegida por Sánchez, para acabar con la insumisión ‘lambanista’, no es que haya dispuesto de poco tiempo para preparar las elecciones, como dio a entender Minguez desde la dirección en Ferraz, ni que se haya visto perjudicada por la escasa oposición de Lambán, como le recriminó Óscar López al difunto presidente aragonés, sino que ha sido la víctima de las propias contradicciones y engaños a los que le obligaba ser la portavoz del gobierno de Sánchez.
A los casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, Ábalos y Cerdán, se suma el desgaste político ocasionado por las alianzas contra natura en las que ha embarcado Sánchez al gobierno de España y al PSOE con todos esos partidos con los que nos dijo nunca gobernaría, como Podemos y su secuela, Sumar, o pactaría sus políticas, como los partidos independentistas catalanes y vascos convertidos en sus socios prioritarios en el Congreso desde 2019. Esta semana hemos asistido a un hecho insólito en el hemiciclo: Aizpurúa, condenada por exaltación del terrorismo de ETA, se chuleaba restregándole al líder de la oposición, con el presidente en su escaño azul, que un solo diputado de EH Bildu vale más que los 137 diputados del grupo popular.
Los juicios a sus sucesivas manos derecha en el partido y el gobierno, los casos de nepotismo investigados por los tribunales que afectan al hermano y a la esposa de Sánchez, las bolsas de dinero entregadas en Ferraz y los cobros en metálico de dirigentes socialistas por gastos no justificados, las facturas del expresidente Rodríguez Zapatero por informes de asesoría global, claramente conectados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y los engaños continuados a los electores sobre cuestiones tan importantes como los indultos y la amnistía, las iniciativas de condonar deuda y aprobar un modelo de financiación para favorecer a Cataluña, o el blanqueamiento a los herederos de ETA han llevado a algunos socialdemócratas a darle la espalda al PSOE de Sánchez
Esta misma semana, hemos escuchado a Felipe González, refundador del partido y presidente del gobierno desde 1982 hasta 1996, decir una vez más que no se siente representado por el PSOE de Sánchez y que cuando llegue el momento votará en blanco. Patxi, desde su asador en el Congreso, le ha respondido de inmediato: González ya no es una referencia para los socialistas. Para los socialistas ganapanes como él mismo, Alegría, Armengol, Bolaños, Grande-Marlaska, López, Mínguez, Puente y Rodríguez García y Cía., añadiría yo. Comprendo que era lo que le tocaba decir al expresidente, aunque votar en blanco no es lo que pide la imperiosa necesidad de poner fin al siniestro panorama político que está pasando factura a los candidatos socialistas en las urnas.
Resistir y desgastar al PP
Era más que previsible que algún político con mando en plaza como García-Paje, presidente de Castilla la Mancha, advirtiera el peligro y reclamara a Sánchez convocar elecciones generales para no trasladar a los representantes autonómicos el coste electoral de la corrupción y las inasumibles políticas de Sánchez. Pero la estrategia de Sánchez es precisamente la contraria de lo que el presidente manchego le reclama: enviar a sus ministros a luchar contra los elementos en Aragón, Castilla y León y Andalucía mientras espera agazapado en Moncloa, con el BOE en la mano y un presupuesto ingente para seguir comprando voluntades, asido a la esperanza de salir indemne del cenagal que lo tiene cercado y no terminar sus días compartiendo con Ábalos y Cerdán una celda, en lugar del Peugeot que compartieron con Koldo García, el hombre para todo, para hacerse con la secretaría general del PSOE. No dejo de preguntarme de qué hablarían mientras viajaban: saunas, señoritas de compañía, financiación opaca,… progresismo en estado puro.
Hay algo que resulta obligado reconocer a Sánchez: su capacidad casi inagotable de supervivencia. A pesar de los casos de corrupción y los engaños continuados a los ciudadanos, casi uno de cada cuatro votantes respaldó a Alegría en Aragón, una circunstancia que plantea preguntas. ¿Estarán de acuerdo esos aragoneses con la amnistía a los golpistas, la condonación de deuda y la financiación singular otorgada por Sánchez a Cataluña? ¿No les produce rechazo la corrupción de la mano derecha de Sánchez en el PSOE y el gobierno (Ábalos) y de la mano ortopédica que la sustituyó en el partido (Cerdán)? La guerra de cavar trincheras y levantar muros en que Sánchez ha convertido la confrontación política en España quizá sea la clave para entender que el PSOE siga manteniendo una base electoral tan sólida todavía, porque esa estrategia desgasta al PP, un partido que ha gobernado y gobierna, y fortalece a Vox, un partido de gestos y proclamas superficiales sin responsabilidad de gobierno.
La radicalización política favorece los posicionamientos extremos, especialmente cuando quienes ocupan los extremos, Podemos hasta 2019 o Vox desde 2014, no padecen el desgaste que conlleva gobernar y adoptar decisiones que nunca pueden contentar a todos. Vox se ha salido de los gobiernos en que ha participado porque gobernar, pactar en suma políticas, no le salía a cuenta mientras que oponerse tanto al PSOE como al PP, al bipartidismo al que Vox achaca todos los males de la política española, le está dando un rédito electoral extraordinario. Lo que está ocurriendo en Extremadura resulta paradigmático. Allí, el PP de Guardiola obtuvo 43,11 % de los votos válidos emitidos y Vox 10,27 % el 20 de diciembre de 2025, pero transcurridos cerca de dos meses de las elecciones Vox se niega rotundamente a investir a Guardiola.
Que nadie se sorprenda: Abascal ordenó a sus consejeros en Castilla y León y Extremadura dimitir de los gobiernos autonómicos en julio de 2024 para seguir siendo el líder indiscutido y aprovecharse de su condición antisistema que tan bien le está funcionando para ganarse a tantos ciudadanos desencantados, como ya ocurrió con Podemos entre 2015 y 2019. Garriga, secretario general de Vox, dice estar dispuesto a “negociar, pero con la firmeza que han dado las urnas» y se niega rotundamente a investir a Guardiola. Si fuera respetuoso con las urnas, se debería contentar con que las propuestas de Vox en Extremadura sean tenidas en cuenta en la proporción de uno a cuatro. No, no quieren negociar: quieren como cualquier movimiento radical antisistema con derecho a veto imponer sus posiciones maximalistas o romper la baraja. Y hay desafortunadamente una masa muy sustancial del electorado que, harta de los casos de corrupción que han aflorado en las filas del PSOE y del PP, está dispuesta a votar antisistema.
Quizá si ojearan el programa de Vox para Aragón se darían cuenta de lo ridículo e inviable que resultan las promesas hechas a los aragoneses de mejorar las infraestructuras, fomentar la natalidad, mejorar la sanidad y los servicios públicos, asegurar una vivienda digna a todos, proporcionar una educación de calidad, defender nuestro modo de vida en el campo, el entorno natural y las tradiciones, apoyar al sector primario y a los productos aragoneses, otorgar “prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y lucha decidida contra todas las políticas de inmigración masiva”, y, finalmente, proteger a los trabajadores, reindustrializar Aragón y alcanzar la soberanía energética. Y ahora viene lo bueno: las únicas medidas propuestas para lograr tan ambiciosos fines son acabar con el despilfarro del bipartidismo y bajar los impuestos. No hace falta ser un seguidor ciego del PP para darse cuenta de que estamos ante una auténtica estafa que a los mayores nos recuerda el timo de la estampita.
