Según la SER, el Departament de Salut ha empezado a informar a los equipos de Atención Primaria de un nuevo esquema de incentivos económicos que introduce un indicador especialmente sensible: “adecuar la duración óptima” de las incapacidades temporales en dos ámbitos, las bajas por salud mental y por patologías osteomusculares.
🔴ÚLTIMA HORA | El Govern catalán condiciona parte de los fondos públicos de los centros de salud a que los médicos no alarguen la duración de las bajas laboraleshttps://t.co/2tkpFrKDCW pic.twitter.com/r3isIAHl0S
— Cadena SER (@La_SER) February 15, 2026
La clave es que no se tocaría el presupuesto base de los CAP, pero sí el acceso a un fondo adicional que puede suponer alrededor de un 5% de los recursos del centro, dentro de la llamada “contraprestación por resultados”. La propia SER asegura haber accedido al catálogo de objetivos y subraya que es la primera vez que aparece este criterio ligado a la duración de las bajas.
En redes, la polémica ya ha empezado a circular con llamamientos a adherirse al posicionamiento de los colectivos sanitarios contrarios a la medida:
No a la penalització econòmica dels equips d'atenció primària per la durada de les baixes laborals!!! @_FoCAP_ @rebelioprimaria @capcalera@salutcat @icscat @CCMC_MetgesCat @LaPAICAM https://t.co/ju4xuDgP3S
— Laia Riera (@LaiaRiera8) February 12, 2026
Qué critican el FoCAP y La Capçalera
El choque lo han protagonizado el FoCAP (siglas de Fòrum Català d’Atenció Primària, plataforma de profesionales de Primaria) y La Capçalera (colectivo vinculado a profesionales y residentes de Atención Primaria), que han impulsado un manifiesto pidiendo la retirada del incentivo.
El FoCAP ha advertido de un riesgo que va más allá de los porcentajes: que se introduzca presión económica en una decisión clínica y que eso erosione la confianza médico-paciente. La crítica es directa: ligar recursos del centro a “días de baja” puede acabar condicionando —aunque sea indirectamente— el criterio profesional.
La Capçalera, sostiene que no se trata de una medida aislada y denuncia que se empuja a los médicos a actuar con una lógica de “eficiencia” y ahorro en un terreno donde debería mandar la clínica y la protección del paciente.
En redes, la crítica se ha expresado con dureza. Por ejemplo, la cuenta de Marea Blanca Catalunya ha difundido el núcleo del rechazo con una idea fuerza: que prescribir un “exceso” de días puede acabar teniendo consecuencias presupuestarias para los CAP:
"Prescriure un "excés" de dies de baixa pot fer perdre pressupost als centres d'atenció primària "
— Marea Blanca CAT (@MareaBlancaCAT) February 13, 2026
Qui determina l'exces de baixes?
La patronal?
Está la Consellera de @salutcat@govern @socialistes_cat
al servei de la gent de Catalunya ? https://t.co/jaUBaCZm1t
La CUP lleva el debate al Parlament
La polémica ya ha saltado al Parlament de Catalunya. La CUP ha registrado una petición de comparecencia de la consellera de Salut, Olga Pané, y que a la solicitud se han adherido Esquerra Republicana de Catalunya y Catalunya en Comú.
La formación considera que el mecanismo puede funcionar como un sistema de presión: si un CAP no cumple el objetivo, se queda sin parte del fondo variable, lo que —según denuncian— acaba convirtiendo un asunto clínico en un asunto presupuestario. En el debate parlamentario, el foco no se pone solo en el dinero, sino en el precedente: ligar financiación a “acortar” bajas en ámbitos tan delicados como la salud mental y las dolencias osteomusculares.
Tot i ser de les comunitats amb menys durada de les IT. A Olga Pané continúa important-li mes els diners que la Salut.
— @Delegatdeprevencio (@Delegatdepreve1) February 15, 2026
Recordeu que @Ciddavid va parlar meravelles quan la van nombrar. pic.twitter.com/e2vbFOFYSa
Lo que defiende Salut… y por qué no convence a los críticos
La versión que recoge la SER es que no se recorta presupuesto base: lo condicionado sería un complemento destinado al funcionamiento del CAP, y el objetivo sería evitar que algunas bajas se alarguen por demoras en pruebas, visitas o circuitos, incentivando que todo vaya más rápido.
El problema es que esa explicación no despeja la sospecha principal: si las demoras existen por falta de recursos o listas de espera, premiar “días” no arregla el atasco; traslada la tensión a la consulta. Y en salud mental, hablar de “duración óptima” como si fuera una cifra estándar puede chocar de frente con realidades clínicas imprevisibles (crisis, recaídas, duelos, entornos laborales que empeoran el cuadro). Por eso los críticos piden garantías concretas: transparencia de criterios, ajustes por vulnerabilidad y tipo de trabajo, y un cortafuegos real para que el incentivo no se convierta —en la práctica— en presión para dar altas antes de tiempo.
