La idea de limitar la compra “especulativa” de vivienda no llega por una reflexión serena ni por un gran pacto social: llega porque forma parte del precio político de unos presupuestos. Los Comuns llevan semanas presionando para que el Parlament apruebe en un plazo de meses una ley que prohíba o limite estas operaciones como condición para negociar las cuentas.
En ese contexto, el Govern ha tomado impulso con un argumento clave: cuatro informes encargados por la Generalitat concluyen que una restricción de este tipo puede encajar en el marco legal, sobre todo si se aplica de forma temporal y en zonas de mercado tensionado.
"Prohibir les compres especulatives garantirà que es pugui tenir un habitatge per viure i no per fer negoci"
— 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026
Candela López (Comuns) demana que la proposta s'apliqui "immediatament" en considerar-la "condició indispensable" per als pressupostos https://t.co/qXUetc3qHX #Matins3Cat pic.twitter.com/ZZzmJSgVIL
Qué se quiere hacer,
Según el contenido difundido sobre esos informes, la fórmula se articularía mediante cambios en urbanismo para condicionar la compra a un uso residencial efectivo durante un periodo de años, con controles y sanciones para evitar fraudes y con especial atención a la compra por parte de empresas.
La promesa política es simple: si se frena parte de la demanda inversora, bajará la presión sobre los precios. Pero esa promesa solo funciona si la norma es precisa, aplicable y controlable. Y ahí empiezan los problemas.
El comité de expertos de la Generalitat que dice que limitar la compra de vivienda especulativa será una solución en este mercado es una broma de mal gusto.
— Daniel Fernández Méndez (@danfmsg) February 16, 2026
Algunos de esos expertos decían que limitar la vivienda turística solucionaría el problema de la vivienda. Hoy sabemos que… https://t.co/uKXkOEATf2 pic.twitter.com/Fw803a0mU7
Más incertidumbre, menos oferta
Catalunya tiene un problema de vivienda que no se explica solo por “quién compra”, sino por escasez estructural y por un ritmo de creación de vivienda insuficiente. Si se interviene el mercado sin resolver suelo, licencias, plazos de obra y rehabilitación, se corre el riesgo de tocar la demanda sin reforzar la oferta.
Además, cuando el marco se vuelve incierto, el mercado responde como siempre: se frena la inversión pequeña y mediana, aumentan las estrategias para esquivar la norma (sociedades, cesiones, contratos puente), y se reduce la rotación del stock. El resultado puede ser el contrario al buscado: menos operaciones limpias, más ingeniería y un mercado aún más rígido.
Seguim escoltant les mateixes veus (IDRA, Sindicat de Llogateres) que han dinamitat el mercat del lloguer a Catalunya.
— Institut Ostrom (@InstitutOstrom) February 14, 2026
Cap normativa d'habitatge en els darrers anys (ni el decret llei 17/2019 ni el 11/2020 ni el 50/2020 ni la llei 11/2025) compten amb una avaluació ex-ante i… https://t.co/1cl7GIKyvU pic.twitter.com/dsRI2vyMhh
Menos épica, más vivienda real
La crisis de vivienda exige políticas que aguanten el barro de la realidad, no solo el aplauso de la negociación. Si el Govern quiere ser creíble, no puede fiarlo todo a una etiqueta moral “especulación” y a una restricción difícil de definir y aún más difícil de controlar. Lo que baja precios de verdad es que haya más vivienda disponible y que el sistema deje de funcionar como un embudo.
