El Govern de la Generalitat ha anunciado que propondrá una enmienda al real decreto de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo central para que los inmigrantes que obtengan el permiso de residencia acrediten el inicio del aprendizaje del catalán en el momento de la primera renovación. La medida se presenta como una vía para «reforzar la integración lingüística» y consolidar el catalán, pero tiene truco.
La iniciativa no tiene alcance real. Aunque el anuncio se ha interpretado como una exigencia lingüística, el texto planteado por el Departament de Política Lingüística no establece la obligación de acreditar un nivel determinado ni superar ninguna prueba oficial. En la práctica, bastaría con demostrar que se ha iniciado el aprendizaje de la lengua, algo que podría resolverse con la inscripción en un curso o la participación en programas formativos básicos.
La Generalitat sostiene que el objetivo es acompañar la regularización de políticas de integración. Para ello, se compromete a ampliar la oferta de cursos y materiales formativos, aunque no ha concretado todavía ni los recursos presupuestarios destinados ni el sistema concreto de acreditación que se aplicará. Tampoco se han detallado mecanismos de control o seguimiento que garanticen que el aprendizaje vaya más allá de un trámite administrativo.
Sin garantías claras ni un sistema exigente de acreditación, el requisito queda más bien reducido a un gesto simbólico.
