El fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos (SCOTUS) que ha invalidado el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles amplios ha sido aprobado por 6 magistrados a favor y 3 en contra. De los 6 que han votado a favor de limitar los poderes presidenciales tres son «republicanos» y otros tres «demócratas». Los tres que han votado en contra del fallo mayoritario son conservadores. No es extraña la división republicana. Tradicionalmente los republicanos han sido contrarios a las restricciones al comercio y favorables a limitar el poder ejecutivo. El fallo se basa en una cuestión competencial, no cuestiona la legalidad de establecer aranceles.
El fallo no se pronuncia sobre si deben devolverse los 200.000 millones recaudados hasta ahora. Se abre un proceso complejo cuyas consecuencias económicas son difíciles de prever.
¿ Existen alternativas legales para que el Presidente pueda imponer aranceles aunque no con el carácter universal realizado hasta ahora ? De momento el presidente Trump ha anunciado y comenzado a implementar alternativas legales, algunas sugeridas por el magistrado del TS Brett Kavanaugh, para reponer tarifas sobre importaciones. Estas opciones se basan en leyes comerciales existentes que delegan autoridad al ejecutivo, aunque algunas requieren procesos legales o tienen límites temporales. Las principales formas alternativas son:
- Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974: Permite imponer aranceles de hasta el 15% por un período máximo de 150 días para abordar desequilibrios comerciales significativos. Trump ya firmó un arancel global del 10% bajo esta autoridad, efectivo inmediatamente después del fallo, como una medida temporal para reemplazar los aranceles eliminados.
- Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974: Autoriza investigaciones sobre prácticas comerciales injustas de otros países, lo que puede llevar a la imposición de aranceles específicos después de un proceso de seis meses o más. La administración Trump ha anunciado el lanzamiento de múltiples investigaciones contra principales socios comerciales, lo que podría resultar en nuevos aranceles no limitados en tiempo o porcentaje.
- Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962: Permite aranceles por motivos de seguridad nacional, enfocados en sectores específicos como acero y aluminio. Trump la utilizó en su primer mandato y podría reutilizarla para reimponer tarifas sectoriales sin los límites de la Sección 122.
- Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930 (posiblemente): Mencionada como una opción para aranceles de hasta el 50% en respuesta a discriminaciones comerciales, aunque requeriría justificación legal y podría ser un camino menos explorado pero con mayor potencial punitivo.
- Otras herramientas como leyes antidumping y de subsidios compensatorios: Estas permiten aranceles específicos contra prácticas desleales, como dumping o subsidios extranjeros, a través de procesos administrativos del Departamento de Comercio. No son tan amplias como los aranceles globales, pero pueden acumularse para afectar importaciones clave.
Estas alternativas no restauran completamente la autoridad ilimitada que Trump reclamaba bajo IEEPA, pero permiten mantener una agenda proteccionista. Trump ha criticado el fallo diciendo que es ridículo que pueda decretar un embargo en base a la IEEPA pero no cobrar por ello. También ha enfatizado que usará «todas las herramientas disponibles» para continuar con su política arancelaria.
