Libertad Digital ha publicado este 23 de febrero de 2026 que Pedro Sánchez “está siendo tratado” desde hace meses por una dolencia cardiovascular en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Según el medio, la situación implicaría revisiones frecuentes y pruebas para seguimiento, y llega a mencionar un TAC para controlar arterias coronarias; también sitúa en ese seguimiento al cardiólogo José Luis Zamorano. El propio texto añade que el tratamiento se habría llevado con “discreción” y describe entradas al hospital en horarios de baja afluencia. Además, sostiene que se ha contactado con la Secretaría de Estado de Comunicación y que la información no habría sido desmentida.
Qué documentos sostienen el “contexto Ramón y Cajal”
En su relato, el medio vincula el Hospital Ramón y Cajal con instituciones del Estado y menciona la existencia de un convenio. Esa parte sí tiene un apoyo verificable en documentos públicos, al menos respecto a las Cortes. El Congreso de los Diputados tiene publicada una ficha de convenio donde se describe la asistencia sanitaria especializada a los diputados a través del Hospital Ramón y Cajal y se lo presenta como hospital de referencia.
El Senado de España, por su parte, recoge en su web de convenios en vigor uno cuyo objeto es la determinación del Hospital Ramón y Cajal como centro sanitario de referencia para senadores.
Qué se puede sostener con fuentes y qué no
A día de hoy, lo único que está respaldado por documentos públicos es el contexto institucional: el Hospital Ramón y Cajal figura como centro de referencia sanitaria en convenios del Congreso y del Senado, y el BOE ha recogido el marco del Sistema Operativo Sanitario vinculado a Presidencia y su estructura, con menciones expresas al Hospital La Paz. Lo que no aparece acreditado en esas fuentes oficiales es lo que da origen a la polémica: el supuesto diagnóstico y tratamiento cardiovascular del presidente que Libertad Digital ha atribuido a ‘fuentes’. Ese extremo, por tanto, no está confirmado públicamente mediante parte médico o comunicación institucional.
Si todo lo que ha contado Libertad Digital terminara siendo cierto, la pregunta de fondo dejaría de ser el ruido en redes y pasaría a ser una sola: si Pedro Sánchez está en condiciones de seguir ejerciendo el cargo con plena normalidad. No se trata de exigir historiales médicos ni de alimentar el morbo, sino de una cuestión de capacidad y de confianza pública: un presidente puede tener un problema de salud y estar perfectamente apto, pero estas presuntas acusaciones necesitan una aclaración institucional mínima, sobria y verificable. Si esa aclaración llega y confirma que no hay afectación alguna, se cerrará el debate. Si no llega, el vacío lo ocupa la sospecha, y en política el silencio casi nunca es neutral cuando lo que está en juego es la aptitud del jefe del Ejecutivo.
