El Gobierno ha anunciado una nueva medida regulatoria que afecta de lleno al consumo juvenil. El Ministerio de Consumo ha avanzado que pondrá en marcha una norma estatal para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y ampliar la restricción hasta los 18 años cuando superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
La decisión refuerza la línea de control creciente que el Ejecutivo viene desplegando sobre el consumo y los hábitos cotidianos. El Gobierno la presenta como una medida de salud pública, pero también encaja con una forma de gobernar cada vez más basada en limitar, supervisar y decidir desde arriba qué puede comprarse y a qué edad.
La medida busca fijar un criterio común en toda España y armonizar un mapa que ya empieza a fragmentarse, con comunidades que ya se han movido o han empezado a legislar por su cuenta. Falta por ver la letra pequeña de la norma, cómo se aplicará en comercios y establecimientos y, sobre todo, si este nuevo paso se quedará en una regulación concreta o acabará derivando en otra extensión del BOE sobre decisiones cotidianas.
Consumo justifica el veto por el aumento del consumo entre adolescentes y por los riesgos asociados al exceso de cafeína, como problemas de sueño, nerviosismo o alteraciones cardiovasculares. Los datos conocidos este miércoles refuerzan ese argumento: el consumo de estas bebidas entre menores se ha normalizado y ya no se trata de una conducta aislada, sino de un hábito cada vez más frecuente.
El Ejecutivo sostiene además que la medida cuenta con un respaldo social muy amplio. Sobre el papel, la iniciativa puede presentarse como una barrera razonable para proteger a los menores, pero también vuelve a poner sobre la mesa el debate de siempre: dónde termina la prevención y dónde empieza la tutela permanente del Estado.
Porque en España, una vez más, cualquier problema parece acabar en el mismo sitio: una nueva prohibición, una nueva restricción y otro recordatorio de que el Gobierno siempre está dispuesto a asumir que los ciudadanos necesitan supervisión constante. La discusión, por tanto, ya no es solo si las bebidas energéticas deben venderse o no a menores, sino hasta qué punto el Ejecutivo quiere seguir convirtiendo cada problema social en una oportunidad para regular un poco más.
