El Parlament ha dado luz verde este miércoles a la subida de la tasa turística en Cataluña, con los votos a favor de PSC, ERC y Comuns, la abstención de la CUP y el rechazo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. La nueva ley entrará en vigor el 1 de abril y supondrá un nuevo incremento de la presión fiscal sobre uno de los sectores clave de la economía catalana.
El golpe en Barcelona
Barcelona será, con diferencia, la ciudad más afectada por el cambio. A partir de abril, la tasa que aplica la Generalitat se duplicará: en los hoteles de cinco estrellas pasará de 3,50 a 7 euros por noche, y en los de cuatro estrellas llegará a 3,40 euros. A eso habrá que sumar el recargo municipal, que este 2026 será de 5 euros y aumentará un euro por año hasta 2029, cuando podrá alcanzar los 8 euros.
Dormir en Barcelona será, por tanto, todavía más caro para el visitante. En un hotel de cinco estrellas, la factura fiscal podrá situarse ya en 12 euros por noche sumando el tramo autonómico y el recargo municipal, consolidando una estrategia de encarecimiento sostenido sobre el turismo en la capital.
Subida progresiva en el resto de Cataluña
Fuera de Barcelona, la subida será escalonada, pero también relevante. Entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, la tarifa máxima será de 4,5 euros por noche y, a partir del 1 de abril de 2027, subirá a 6 euros, completando así el doble de la tarifa actual en los tramos más altos.
La norma, además, no se limita a Barcelona. Otros ayuntamientos podrán aplicar también un recargo propio de hasta 4 euros, lo que abre la puerta a un mapa fiscal más fragmentado y a que el coste final para el turista dependa cada vez más del municipio en el que pernocte.
Dónde irá el dinero
La ley fija que el 25% de la recaudación de la tasa turística se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el resto seguirá vinculado al Fondo para el Fomento del Turismo. Los recargos municipales, en cambio, quedarán en manos de los ayuntamientos.
Más recaudación, más debate
Los impulsores de la medida la presentan como una herramienta para redistribuir el impacto del turismo y reforzar la financiación pública. Pero el sector lleva tiempo alertando de que la subida tiene un claro sesgo recaudatorio y puede restar competitividad, especialmente fuera de Barcelona, donde compite con otros destinos cercanos. La cuestión ya no es solo cuánto pagará el turista, sino hasta qué punto la administración está dispuesta a seguir exprimiendo a un sector estratégico mientras vende la medida como simple corrección del modelo.
