La desclasificación de los papeles del 23F ha devuelto al primer plano uno de los episodios más sensibles de la historia reciente de España. La apertura de archivos tiene un valor político evidente, pero el primer balance entre los especialistas es bastante más frío que el clima de expectación que se había generado en los últimos días.
La idea que se impone entre los historiadores es clara: hay material útil para afinar detalles, pero no para reescribir el relato de fondo. Los documentos publicados permiten revisar matices, añadir contexto y confirmar algunas líneas ya conocidas, pero no resuelven las grandes incógnitas que siguen rodeando al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La desclasificación abre los archivos, pero no cierra el caso
El Gobierno ha puesto a disposición pública 153 unidades documentales relativas al intento de golpe de Estado. La medida se aprobó en el Consejo de Ministros del 24 de febrero y se formalizó al día siguiente en el BOE. Sobre el papel, se trata de un paso importante en términos de transparencia y acceso a la información pública.
En la práctica, sin embargo, la publicación no equivale a una reconstrucción completa de lo sucedido. Lo que se ha hecho es abrir una parte del archivo, no despejar por completo las dudas que todavía persisten sobre la conspiración, sus apoyos y sus zonas oscuras.
Los expertos ven pocas novedades y varias ausencias
La principal conclusión de los especialistas consultados por EFE es que la documentación conocida hasta ahora no cambia de forma sustancial lo que ya se sabía. La desclasificación aporta material y abre una vía de consulta pública que antes no existía, pero no ha provocado, de momento, ninguna gran revelación histórica.
Ahí está la clave de la decepción de muchos investigadores. Lo que esperaban no era solo volumen documental, sino piezas que permitieran entender mejor la financiación del golpe, la posible trama civil, el grado de conocimiento en las altas esferas del Estado y la secuencia real de decisiones. Y en ese terreno, el balance es limitado.
El problema no es solo qué se publica, sino cómo se publica
Una de las críticas más repetidas no se centra únicamente en el contenido, sino en el formato de difusión. Varios expertos consideran que una parte de los documentos se ha hecho pública sin el contexto archivístico suficiente, sin una explicación clara sobre su procedencia o sin los elementos necesarios para encajarlos dentro de una visión completa del episodio. Esa falta de contexto rebaja mucho el alcance real de la desclasificación.
Transparencia sí, pero todavía sin una imagen completa
La desclasificación era una reclamación lógica después de 45 años y supone un avance que conviene reconocer. Permite a historiadores, periodistas y ciudadanos acceder a documentación que hasta ahora permanecía cerrada y deja un precedente relevante sobre cómo debe tratarse la memoria democrática en un sistema abierto.
Pero una cosa es abrir una parte del archivo y otra muy distinta dar por resuelto el caso. El 23F sigue teniendo zonas poco iluminadas, y eso es precisamente lo que subrayan los expertos: lo conocido ayuda, pero no basta. Más que cerrar el debate, esta desclasificación confirma que aún quedan piezas importantes por localizar, contextualizar o publicar.
Por eso el balance, hoy, es doble. La apertura es útil y necesaria. Pero si el objetivo era despejar las grandes dudas sobre el 23F, la sensación entre los historiadores es que todavía estamos lejos de una imagen completa.
