El Gobierno de Sánchez tiene muchos socios que le apoyan de modo intermitente, entre ellos están los socios vascos, que son el PNV y Bildu. Las diferencias entre ambos son sobradamente conocidas, aunque no se hable de ellas todo lo que merecen tanto esos Partidos como el propio PSOE actual que se apoya en ellos para seguir gobernando.
Bildu es el albacea de herencias tan tristes como son las de ETA y el mundo que la rodeaba, eso es cosa sabida. El PNV, de apariencia menos violenta, comparte con los anteriores partes de la substancia ideológica, anclada en un rancio carlismo trufado de abiertas convicciones sobre la superioridad étnica de los vascos, tal vez nacidas de su oscuro y discutido origen, limpio, eso sí, de contaminaciones romanas, visigodas, árabes o judías, a diferencia de los demás pueblos peninsulares.
El tema, como todos los que forman parte del esencialismo identitario (aquí entran también, y con fuerza, los independentistas catalanes) no tendría más interés que el que merece una patología social que afecta a una parte más o menos significativa de la población de los respectivos territorios. El problema es que, además, esos grupos están constituidos en Partidos políticos, que, a su vez, son socios del Partido que hoy gobierna en España con la ayuda de esos votos.
El PNV es un movimiento cuasi étnico-religioso y claramente conservador que, en muchos temas podría situarse a la derecha del PP
El PNV es un movimiento cuasi étnico-religioso – quien lo dude puede leer a su apóstol, Sabino Arana – y claramente conservador, que en muchos temas podría situarse a la derecha del PP, pero sistemáticamente se presenta como “progresista” en relación con los Partidos “españoles”, y la razón es tan evidente como absurda: es progresista porque es separatista y desearía la desaparición del Reino de España, y eso es lo progre, idea que comparte con un sector de la supuesta izquierda hispana. Se trata de una conclusión que algunos tildarán de reduccionista, pero nadie podrá defender seriamente que se trate de una valoración equivocada.
En la misma línea se sitúa Junts (y, en buena medida, ERC) por supuesto, con la diferencia de que el PNV no ha cometido tantas torpezas en los últimos años como las que han protagonizado lo sucesores del Partido en su día fundado por Pujol. Pero el tuétano ideológico de unos y otros no se diferencia demasiado, respetando, por supuesto, todas las excepciones y matices que se quieran introducir.
Analizar la ideología de esos grupos separatistas conservadores no tendría especial interés si no fuera porque, como antes dije, tanto uno como otros son las muletas en las que, cuando se tercia, se apoya el renqueante PSOE en su titánica tarea de mantenimiento de Sánchez en la Presidencia del Gobierno, y, a estas alturas, nada se descubre al poner sobre la mesa la lista de las concesiones que el Gobierno ha hecho a los independentistas, olvidando abiertamente todas las supuestas ideas básicas del PSOE sobre igualdad, federalismo e integridad del Estado, conceptos que repelen al independentismo tanto como a Drácula la cruz y la luz del sol.
No ha cometido tantas torpezas en los últimos años como las que han protagonizado los sucesores del Partido en su día fundado por Pujol
Precisamente por eso, y por lo que el PSOE puede ser capaz de hacer con tal de no bajarse de los coches oficiales, sorprende y preocupa la “enseñanza de oreja” que recientemente ha hecho el PNV aprovechando que pasaba un tren inocente y ajeno a los temas de la soñada redención del independentismo. Me refiero a la Proposición de reforma del artículo 69-3 de la Constitución, que ha sido impulsada por la CA de las Islas Baleares y que tiene por único objeto dotar a la Isla de Formentera de un Senador propio, diferenciado del que se elija en Ibiza. El tema es importante para los habitantes de Formentera, y, en un segundo plano, trae escena el irresuelto problema del sistema electoral español en relación con el territorio y la población, pero en ese tema no entraré.
Como es lógico, la proposición de reforma de la Constitución ha de pasar por un período de enmiendas a presentar por los Grupos Parlamentarios, las cuales debieran ceñirse a la cuestión objeto de la proposición de reforma. Pero en este caso se trata de una posibilidad de reforma de la Constitución, por pequeña que sea, y, como era de esperar, la apertura de ese melón llama a todos los que desean cambiar el Estado o, mejor, acabar con él.
Ese es el caso del PNV, que aprovecha el viaje para pedir, entre otras cosas, la eliminación del artículo 155 CE (que bien se recuerda en Cataluña), y que permite al Estado, en extremas situaciones de desvío inconstitucional intervenir una Comunidad Autónoma. Le sigue la inclusión del derecho a decidir, que no existe en ninguna Constitución de Europa. En defensa de su petición el PNV añade la necesidad de suprimir el artículo 2 de la Constitución, pues los nacionalistas vascos (y con ellos, los indepes catalanes) consideran inadmisible una norma del máximo rango que declare la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, aunque reconozca y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Aprovecha el viaje para pedir, entre otras cosas, la eliminación del artículo 155 de la Constitución
Tampoco podía falta la petición de retirar a las Fuerzas Armadas la misión de preservar la unidad de España, pues, según ellos, para esa tarea bastaría con la intervención de los Tribunales (no se lo creen ni ellos). Además, para completar tan hermoso cuadro se añade la división (“descentralización”) del Poder Judicial en Poderes de cada CA.
No podía faltar, por supuesto, la petición de suprimir la inviolabilidad del Jefe del Estado, y hay que ser muy ingenuo para no captar que esa petición obedece no a un supuesto afán de llevar a las últimas consecuencias el principio de igualdad ante la Ley ( a recordar que esa inviolabilidad del Jefe del Estado es también regla común en las Constituciones europeas), sino a la batalla contra España como Monarquía parlamentaria, pero no por ser la monarquía la forma de gobierno, sino por la condición de carácter definitorio del “odiado régimen del 78”.
Como todo nacionalismo rancio, invoca los “derechos históricos del pueblo”, lo cual carece de base histórica ni jurídica ni política, pero es un argumento muy caro al independentismo que, por su propia naturaleza, se considera liberado de la obligación de reconocer la historia, y eso explica, en el caso catalán, la inquina indepe contra figuras de la talla de Vicens Vives, cuya obra echa por tierra los dogmas del separatismo.
Como todo nacionalismo rancio, invoca los «derechos históricos del pueblo»
Todo eso son cosas sabidas, pero lo preocupante es que esas ideas no se circunscriben al ámbito separatista, sino que también las recogen en sus documentos, de manera muy parecida, Podemos e Izquierda Unida, eventuales apoyos del actual PSOE que, se supone, no puede aceptar ninguna de esas delirantes exigencias.
O tal vez sí, aunque solo sea para propiciar un debate parlamentario sobre esos temas, para contentar a la tropa a la que, hoy por hoy, debe el pan y la sal. Ante esa posibilidad, no irreal, es inútil esperar que actúe como contramotivo el respeto al Estado y a la inmensa mayoría de los españoles, pues el actual PSOE tiene como lema tácito, el primum vivere, deinde philosophare, entendiendo por “vivir” ocupar el Gobierno.
