El Consejo de Estado emitió un dictamen crítico sobre el decreto que regula el registro horario de los trabajadores, impulsado por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz.
Esta revisión llega después de que el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, enviara dos informes negativos. Economía señalaba que las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesitan tiempo para adaptarse a la nueva norma. Además, el Ministerio de Función Pública expresó dudas sobre el impacto económico que tendría el decreto en la Administración pública.
Trámite obligatorio, pero no bloquea el decreto
El dictamen del Consejo de Estado es un paso obligatorio dentro del proceso legal, pero no impide que el decreto se apruebe. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que defenderán la norma “con firmeza”. Su objetivo es:
- Cumplir la ley laboral
- Evitar competencia desleal entre empresas
- Garantizar el pago correcto de las horas extra
El ministerio recuerda que esta medida forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar firmado en 2023, y consideran que cuestionarla sería cuestionar un compromiso democrático.
Cambios principales
El decreto permite que la Inspección de Trabajo acceda de manera remota e inmediata al registro de horas de los empleados. Sin embargo, Economía recomendó dar un periodo de adaptación a las pymes, algo que no se incluyó en el último borrador. Según este borrador, la norma entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.
Opinión del Ministerio de Economía
Economía indicó que, en informes de diciembre y febrero, había recomendado aplicar la norma de forma “equilibrada” para que los beneficios fueran sostenibles y no generaran costes extra a las empresas.
A pesar de estas advertencias, Trabajo mantiene su plan de avanzar con la norma, recordando que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes, es decir, el Gobierno puede aprobar el decreto aunque no coincida con sus recomendaciones.
Importancia del dictamen
El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, apunta que casi el 99% de sus dictámenes son aceptados por los órganos consultados, lo que le da un gran valor a sus recomendaciones. Aun así, la decisión final sobre la aprobación del decreto corresponde al Gobierno.
