El Govern de la Generalitat recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena ejecutar la sentencia contra el decreto lingüístico educativo, con el objetivo de defender el modelo de inmersión y garantizar la presencia del catalán en las aulas.
El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que asume temporalmente las competencias de Educación, ha asegurado que el Ejecutivo “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos” para preservar un modelo que considera “un éxito para todo el país”.
Por su parte, el presidente Salvador Illa ha reiterado el compromiso del Govern con la lengua y el sistema educativo catalán, mientras que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha defendido que se continuará trabajando para proteger el modelo actual.
Sin cambios en las escuelas
A pesar de la resolución judicial, el Departamento de Educación ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que no habrá “ningún cambio operativo” en los centros.
Según la conselleria, el decreto afectado no se había aplicado este curso, por lo que el catalán sigue siendo la lengua vehicular. Además, los Documentos para la Organización y Gestión de Centros (DOIGC) se mantienen vigentes, incluyendo los criterios de uso lingüístico.
Artículos anulados
La decisión del TSJC responde a una solicitud de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y afecta la sentencia del 8 de septiembre de 2025.
En total, se han declarado nulos once artículos del decreto que establecían el catalán y el aranés como lenguas habituales en la actividad docente, administrativa y en la relación con las familias, así como en materiales didácticos y evaluaciones.
Reacciones políticas
En el ámbito político, Esquerra Republicana ha reclamado al Govern “valentía” ante lo que considera un ataque al modelo lingüístico.
Junts, por su parte, ha solicitado la comparecencia en el Parlament del presidente Illa y de los consellers implicados para dar explicaciones sobre la respuesta del Ejecutivo.
Reacciones
A favor del modelo del Govern, diversas voces consideran que el sistema de inmersión lingüística ha garantizado la cohesión social y la igualdad de oportunidades, ha contribuido a la normalización del catalán en un contexto sociolingüístico complejo y cuenta con el respaldo de buena parte de la comunidad educativa, avalado por resultados académicos.
En cambio, sectores críticos con el modelo actual y favorables a la resolución judicial argumentan que es necesario garantizar una mayor presencia del castellano en las aulas, que el modelo de inmersión puede limitar los derechos lingüísticos de algunas familias y que la intervención judicial es necesaria para asegurar un equilibrio entre las dos lenguas oficiales.
