La Administración de Donald Trump ha abierto un nuevo frente diplomático con España tras la muerte por eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años cuyo caso ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera del país.
Según un cable interno del Departamento de Estado, filtrado y publicado por el diario estadounidense New York Post, Washington ha ordenado a su embajada en Madrid investigar la actuación de las autoridades españolas en relación con las agresiones sexuales que sufrió la joven y las circunstancias en las que se autorizó y ejecutó la muerte asistida. Una fuente de la administración estadounidense ha confirmado la existencia de este documento y su traslado a la delegación diplomática en España.
Preocupación por «fallos sistémicos»
El cable instruye además a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español su “seria preocupación” por lo que considera posibles “fallos sistémicos de derechos humanos” en este caso.
El foco se sitúa en dos aspectos clave. Por un lado, la respuesta policial y judicial a las agresiones denunciadas por Castillo, sobre las que —según el documento— no se habrían depurado responsabilidades penales. Por otro, la aplicación de la ley de eutanasia, en vigor en España desde 2021.
Además, el Departamento de Estado afirma tener conocimiento de informaciones que apuntan a que la joven habría mostrado dudas en sus últimas horas, pese a lo cual el procedimiento siguió adelante.
Investigación sobre los agresores
Washington también ha solicitado recabar información sobre los presuntos autores de las agresiones, incluyendo su origen y posible situación migratoria, en línea con el discurso de la Casa Blanca en materia de inmigración y seguridad.
Noelia Castillo falleció el pasado 26 de marzo tras un prolongado proceso judicial impulsado por su padre para frenar la eutanasia. La batalla legal terminó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las últimas medidas cautelares solicitadas.
La joven había quedado parapléjica tras un intento de suicidio, y su caso se convirtió en uno de los más controvertidos desde la aprobación de la ley de eutanasia en España, al entrecruzar violencia sexual, sufrimiento psicológico, discapacidad y el derecho a morir.
Un conflicto que escala
La embajada estadounidense dispone hasta el 3 de abril para trasladar formalmente estas inquietudes al Ejecutivo español, lo que convierte un caso interno en un asunto bilateral de alto voltaje político. Este episodio se suma a la escalada reciente entre ambos gobiernos a raíz de la guerra de Irán. España ya había vetado el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas al conflicto y cerró su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses implicadas en ataques, una decisión defendida por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Como respuesta, la Administración Trump ha intensificado sus críticas a varios aliados europeos, situando a España como uno de los principales focos de tensión. Ahora, el caso de Noelia Castillo añade un nuevo elemento de presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez en un terreno especialmente sensible: los derechos humanos, la inmigración y la legislación sobre eutanasia.
