El Govern balear ha ordenado la demolición de la piscina, la terraza y el embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez situados en la Costa dels Pins, en el municipio mallorquín de Son Servera. La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Costas en cumplimiento de una sentencia firme de la Audiencia Nacional, que anuló las órdenes ministeriales que permitían el uso de estas instalaciones ubicadas en dominio público marítimo-terrestre.
El fallo judicial se conoció en 2021 y fue recurrido posteriormente ante el Tribunal Supremo, que rechazó admitir el recurso. Cinco años después, el propio periodista ha solicitado el derribo para dar cumplimiento a la resolución, asumiendo además la tramitación de licencias y la ejecución de las obras.
Relación con Matas
El origen del caso se remonta a principios de los años 2000, cuando el entonces ministro de Medio Ambiente y expresidente balear Jaume Matas autorizó la ocupación de unos 350 metros cuadrados de dominio público para la construcción de estas instalaciones. Desde entonces, la polémica ha sido constante. Diversas entidades ecologistas como el GOB denunciaron la concesión al considerar que vulneraba la ley de costas, mientras que partidos políticos y colectivos sociales protagonizaron protestas públicas durante años.
El conflicto trascendió el ámbito jurídico para convertirse en un símbolo del debate sobre el uso privado del litoral y los privilegios en la ocupación del dominio público. Incluso se registraron movilizaciones en el mar frente a la vivienda del periodista, con embarcaciones que protestaban contra la concesión. Finalmente, la Audiencia Nacional declaró nulas las autorizaciones que habían permitido mantener la piscina, cerrando un largo recorrido judicial y obligando a su demolición.
Con esta decisión, el Govern ejecuta una sentencia que pone fin a más de dos décadas de controversia política, judicial y social en torno a uno de los casos más mediáticos relacionados con la ocupación del litoral en Baleares.
