El Gobierno y el PP coinciden en que la solución prioritaria para los 1.527 menores inmigrantes que permanecen en Ceuta pasa por la reagrupación familiar y el retorno a Marruecos, aunque las dos partes mantienen el enfrentamiento sobre cómo gestionar su acogida hasta que esas devoluciones puedan materializarse.
La posibilidad de priorizar la vuelta a Marruecos ha sido defendida desde el Ejecutivo por los ministros de Asuntos Exteriores y Justicia y coincide con la posición mantenida por los populares. Cualquier retorno deberá realizarse, en todo caso, respetando las garantías legales establecidas para la protección de los menores y estudiando individualmente cada caso.
El acuerdo sobre el destino final de estos menores no ha acabado, sin embargo, con la batalla política desatada tras la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales de julio. Gobierno y comunidades gobernadas por el PP mantienen sus diferencias sobre quién debe asumir su atención, cómo repartir las responsabilidades y quién debe sufragar el coste mientras permanecen en España.
El último enfrentamiento se ha producido este jueves durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, encargada de preparar la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo 27 de agosto.
Las comunidades gobernadas por el PP se han negado a incluir en el orden del día un punto específico de información y debate sobre la situación de los menores y de Ceuta. El Gobierno pretende volver a plantearlo en la reunión de finales de mes, cuando deberá ser sometido a votación de las autonomías.
25 millones para atender a los menores
En esa misma Conferencia Sectorial, el Ejecutivo llevará a votación un crédito extraordinario de 25 millones de eurosdestinado a sufragar la atención de los menores inmigrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma.
Los 1.527 menores registrados necesitan alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, escolarización y protección mientras se determina su situación y se tramitan, cuando sea posible, los procesos de reagrupación familiar o retorno.
La llegada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio desbordó un sistema de acogida preparado para atender a un número muy inferior de personas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reconocido que Ceuta atravesó una «situación de desborde», aunque asegura que actualmente se está «controlando».
Las comunidades de Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde las competencias de Infancia están en manos de Vox, no participaron este jueves en la Comisión Sectorial, tal y como había anunciado previamente la formación de Santiago Abascal.
Miles de menores siguen fuera del sistema
La situación podría ser, además, considerablemente mayor de la que reflejan los registros oficiales. Según las estimaciones de entidades sociales que trabajan sobre el terreno recogidas por La Vanguardia, alrededor de 4.000 menores continuarían fuera del sistema de protección de Ceuta, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a los servicios sociales.
Save the Children advierte de que se trata de una cifra aproximada debido a las dificultades para localizar a los menores dispersos por diferentes puntos de la ciudad. Algunos carecen de un lugar seguro donde dormir y de acceso adecuado a servicios básicos.
La organización alerta especialmente de la situación de quienes se encuentran solos, incluidos menores de 16 años, por su exposición a violencia, explotación, trata o captación por redes criminales.
Mientras se resuelve la emergencia inmediata, Gobierno y PP mantienen así una llamativa coincidencia sobre la solución a largo plazo: la permanencia de los menores en Ceuta no debe ser definitiva y se debe priorizar su reagrupación familiar y, cuando proceda legalmente, su regreso a Marruecos.
