Una familia que no puede pagar el alquiler necesita una respuesta. Un joven que trabaja y no consigue emanciparse merece oportunidades. Y el propietario que ha invertido sus ahorros en un piso tiene derecho a cobrar la renta y a recuperar su vivienda conforme a la ley. Una política seria debe atender a los tres. Enfrentarlos es una manera de eludir la responsabilidad de gobernar.
El Gobierno ha aprobado dos decretos sobre vivienda que incluyen prórrogas de alquileres, restricciones a determinadas compras por fondos de inversión y una fórmula de renovación automática de contratos. Habrá que examinar los textos publicados y su convalidación parlamentaria para valorar su alcance. Pero la pregunta política ya puede formularse: ¿facilitarán el acceso a una vivienda o prolongarán la gestión de una escasez que seguimos sin resolver?
Dar estabilidad a los inquilinos es un objetivo legítimo. Sin embargo, una regulación debe considerar también a quienes buscan piso y todavía no tienen contrato. Si las nuevas obligaciones desaniman a algunos propietarios a alquilar, podemos proteger a quienes están dentro mientras hacemos más difícil la entrada a quienes esperan fuera. Los jóvenes que no pueden emanciparse también deben contar en este debate.
Cifras sobre la mesa
Conviene poner cifras sobre la mesa. Según el Colegio de Registradores, el 88,67% de las compras de vivienda en 2025 correspondió a personas físicas. El resto fueron adquisiciones de personas jurídicas, una categoría que incluye empresas de distinta naturaleza y que no equivale a grandes fondos de inversión. Presentar todo el mercado como un negocio de fondos buitre distorsiona la realidad.
Detrás de la propiedad residencial también hay familias que reciben una herencia, parejas que se hipotecan y ciudadanos que invierten sus ahorros. Hay pensionistas que completan sus ingresos con un alquiler y propietarios que siguen pagando la hipoteca del piso arrendado. Todos ellos tienen obligaciones, necesidades y derechos. El esfuerzo de una familia no merece convertirse en motivo de sospecha.
Ese predominio de los particulares no significa que los grandes fondos carezcan de influencia en determinados barrios o ciudades. Los abusos deben perseguirse, con independencia de quién los cometa. Pero atribuirles por sí solos la crisis permite esquivar otras responsabilidades: la falta de vivienda asequible, las trabas para construir y la lentitud de las administraciones.
Cuando una Administración decide prolongar la permanencia de una persona vulnerable en una vivienda privada por razones sociales, debe asumir el coste de esa decisión. Las compensaciones necesitan presupuesto, trámites sencillos, plazos claros y garantías de cobro. El propietario no puede convertirse en financiador involuntario de una política pública.
La solidaridad exige recursos y una distribución justa de las responsabilidades. Trasladar la factura a un ciudadano concreto permite al gobernante anunciar una protección cuyo coste paga otro.
Caso Mari CarmenProteger a los inquilinos vulnerables no puede significar trasladar al propietario el coste de las políticas públicas ni desincentivar la oferta de alquiler
Como defendí al hablar del caso de Mari Carmen, respetar la propiedad privada y proteger a una persona vulnerable son obligaciones compatibles. Una Administración eficaz debe intervenir a tiempo y ofrecer alternativas. Aplazar un desahucio puede dar un margen necesario, pero ese margen debe utilizarse para resolver la situación. Si pasan los meses y nadie encuentra una salida, el aplazamiento acaba siendo otra expresión del fracaso.
También hace falta rigor al regular la inversión. Comprar viviendas existentes, construir otras nuevas, rehabilitar edificios y ampliar la oferta de alquiler son actividades diferentes. Las normas deben distinguirlas y valorar sus resultados. España necesita inversión para aumentar su parque residencial, con condiciones transparentes, cumplimiento de la ley y garantías para los residentes.
La emergencia requiere respuestas inmediatas y una política sostenida: más vivienda pública y asequible, suelo viable para construir, licencias tramitadas en plazos razonables, rehabilitación y ayudas dirigidas a quienes las necesitan. Todo ello acompañado de seguridad jurídica para que poner una vivienda en alquiler vuelva a generar confianza.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuántas viviendas estarán disponibles, dónde, cuándo y con qué presupuesto. También deben saber quién responde si los compromisos se incumplen. La gestión se acredita con resultados.
Desde una posición liberal, defiendo la propiedad privada porque protege la autonomía de las personas y el fruto de su esfuerzo. Y defiendo una Administración eficaz porque hay situaciones de vulnerabilidad que requieren una respuesta colectiva. Ambas convicciones forman parte de una misma idea de responsabilidad.
No mediré esta política por los aplausos que reciba un decreto. La mediré por las familias que encuentren una vivienda, los jóvenes que puedan emanciparse y los propietarios que vuelvan a confiar en alquilar.
Gobernar consiste en conseguir que eso ocurra.
