Tras el desahucio de Mari Carmen, el Gobierno ha querido demostrar que está dispuesto a lo que haga falta para proteger a los inquilinos. Y para eso aprobó a toda prisa dos Reales Decretos-Leyes (RD-L):
1.El RD-L 26/2026, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
2.El RD-L 27/2026, de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Ambos RD-L han sido tumbados por el Pleno del Congreso de este viernes 2 de octubre. Con el voto en contra en ambos casos de PP, Vox, Junts y UPN. Y con el voto adicional del PNV y CC contra el RD-L 27/2026.
Es indudable que el resultado de ambas votaciones es equiparable a la pérdida de una cuestión de confianza planteada por el Gobierno. Habida cuenta además que la legislatura continúa sin Presupuestos, sería obligado convocar elecciones. Pero ya veremos qué decide Pedro Sánchez.
Nos parece útil examinar qué medidas contenían ambos RD-L para solucionar un problema tan tremendo como el de la vivienda.
LAS MEDIDAS DEL RD-L 26/2026
1.Prórroga extraordinaria de todos los arrendamientos.
Ésta es la medida más importante del RD-L. Afecta a todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes que finalicen antes del 31.12.2028. A estos contratos se les aplicará una prórroga extraordinaria de 2 años, manteniendo los términos y condiciones del contrato en vigor.
2.Limitación a la subida de la renta.
Si la renta está por encima del límite máximo del sistema estatal de precios de referencia, el incremento de la renta será cero. En otro caso, el incremento queda limitado al 2%.
3.Protección anti-desahucios para inquilinos vulnerables.
3.1.Si el casero es una entidad cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles (¿serán estos los fondos buitre?) y el inquilino es vulnerable sin alternativa habitacional, el desahucio, cualquiera que sea su causa, queda suspendido. Sin compensación. Esto será así hasta 31.12.2030.
3.2.Para el resto de caseros con inquilino vulnerable:
a) Si el desahucio es por impago de la renta, la Comunidad Autónoma dispone de 2 meses para proporcionarle una alternativa habitacional. Pasados esos 2 meses sin resultado, la Comunidad se subroga en la posición deudora del inquilino. Y no habrá desahucio mientras no se encuentre alternativa habitacional. El Estado compensará a las Comunidades.
b)Si el desahucio es por vencimiento del plazo, se suspenderá el desahucio hasta que se encuentre una alternativa habitacional adecuada. Se compensará al casero. Esto será así hasta el 31.12.2030.
Obviamente, nadie ha calculado el coste que esto significa para el Estado.
4.Restricciones a la compra por entidades inmobiliarias.
Hasta el 31.12.2028 las entidades cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles no podrán comprar viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Se pretende atajar la compra especulativa por fondos buitre.
LAS MEDIDAS DEL RD-L 27/2026
Este RD-L es radical en materia de duración del arrendamiento de vivienda: una vez transcurrido el período de duración mínimo, todos los contratos se prorrogarán obligatoriamente por plazos sucesivos de 5/7 años. Indefinidamente. El casero podrá evitarlo indemnizando al inquilino con un importe equivalente a 12 meses de renta.
COMENTARIOS
1.La reacción del Gobierno tras el desahucio de Mari Carmen ha sido precipitada y melodramática. Un problema concreto, que debería haberse resuelto con una alternativa habitacional razonable, se ha utilizado torticeramente para justificar una diarrea legislativa infumable. Impuesta a todos los grupos mediante un trágala. Frente a los 24.000 desahucios anuales que hay en España ha bastado un caso para provocar esto.
2.Anotemos el increíble el comportamiento de Isabel Rodríguez, Ministra de la Vivienda, en la rueda de prensa en la que trató, inútilmente, de explicar las medidas tomadas. No se sabía la lección. “Tengo un cacao…” dijo ella misma. ¿Qué podemos esperar de ministros así?
3.Toda la política del Gobierno en materia de vivienda ha consistido en proteger a los inquilinos actuales, sobre todo a los vulnerables, mediante intervenciones exorbitantes en sus contratos. De dudosa legalidad en muchos casos.
Ese intervencionismo lo han pagado los caseros. Así, el Gobierno se ha cargado las legítimas expectativas de los caseros sobre la duración del arrendamiento suspendiendo desahucios e introduciendo prórrogas constantes. Se ha cargado las legítimas expectativas sobre las rentas imponiendo subidas por debajo del IPC. Ha llegado incluso a imponer topes máximos al alquiler. Y no ha hecho nada contra la inqui-okupación.
El resultado de todo ello es decepcionante en materia de rentas (han subido en todas partes, aunque algo más en Madrid que en Barcelona) y es desolador en materia de oferta de viviendas en alquiler: el hundimiento de la oferta es total.
Esa política intervencionista alcanzaba su cénit con los RD-L tumbados ayer por el Congreso.
3.Pero los más perjudicados por las políticas del Gobierno no son los caseros actuales. Son los inquilinos potenciales, los que están buscando una vivienda para alquilar. Las políticas del Gobierno estaban consiguiendo que la oferta de viviendas en alquiler se desplomase. Si se hubieran aprobado los RD-L esa oferta podría darse por extinguida. Leemos que en esta semana 4.300 viviendas han abandonado el mercado de alquiler. Nadie quiere alquilar nada, y menos aún a los vulnerables.
4.El problema de la vivienda no se soluciona con las políticas de este Gobierno. Los hechos son tozudos: vamos de mal en peor. Hay que cambiar el chip. Necesitamos un pacto de Estado PSOE-PP con 3 objetivos:
a) Reconstruir el mercado de alquiler de viviendas dando seguridad jurídica a los caseros en materia de duración y rentas; saldrían al mercado muchas viviendas vacías;
b) Facilitar alternativa habitacional inmediata a los vulnerables, a cargo del Estado;
c) Construir las 750.000 viviendas nuevas que demanda el Banco de España. Esto llevará tiempo.
Ese pacto de Estado seguirá siendo imprescindible aunque haya un cambio de Gobierno.
