El Congreso ha rechazado este 2 de octubre los dos decretos de vivienda del Gobierno. El primero cayó con 178 votos en contra y 172 a favor; el segundo, sobre la renovación automática de los alquileres, con 184 en contra y 166 a favor. Junts mantuvo su negativa y votó junto al PP, Vox y UPN. En el segundo texto también votaron en contra PNV y Coalición Canaria. Este último dato importa: el desacuerdo no se limita a los tres partidos a los que el Ejecutivo dirige sus principales reproches.
El problema de la vivienda no nació en esta votación. Las dificultades para emanciparse, los alquileres inasumibles y la angustia de las familias vulnerables llevan años entre nosotros. La derrota de los decretos exige una respuesta, pero no borra la obligación del Gobierno de rendir cuentas por su gestión.
El Ejecutivo ha presentado el debate como una elección entre defender a la ciudadanía o proteger a los especuladores. Tras la votación, sus ministros han vuelto a señalar al PP, Vox y Junts. Ese planteamiento podrá servir para movilizar a los propios, pero empobrece una discusión que exige rigor. Rechazar una medida no significa rechazar su objetivo. Se puede querer proteger a los inquilinos y considerar que una regulación concreta terminará perjudicando el acceso a la vivienda.
Tras la votación, sus ministros han vuelto a señalar al PP, Vox y Junts
Pedro Sánchez lleva más de ocho años al frente del Gobierno. Sería inexacto afirmar que durante ese tiempo no se ha actuado: ahí está la Ley de Vivienda de 2023. Precisamente porque se ha legislado, resulta obligado evaluar los resultados. ¿Qué medidas han funcionado? ¿Cuáles deben corregirse? ¿Por qué tantas personas siguen sin encontrar una vivienda que puedan pagar?
La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente al Gobierno central. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias decisivas y deben rendir cuentas. Pero esa distribución no permite a Moncloa atribuirse los aciertos y trasladar los problemas a quienes discrepan de sus propuestas.
Junts ha cumplido lo que anunció: ha rechazado ambos decretos y reclama una alternativa. Sus argumentos deben examinarse, como los de cualquier otro partido. No comparto su proyecto independentista, pero eso no me obliga a rechazar una objeción razonable sobre la protección del pequeño propietario o sobre el riesgo de reducir la oferta de alquiler. Mi criterio es liberal, no una adhesión automática a unas siglas.
Junts ha cumplido lo que anunció: ha rechazado ambos decretos y reclama una alternativa
Junts también debe responder por su decisión y demostrar que su alternativa ofrece mejores garantías. Con el rechazo de los decretos han caído medidas de protección y ayudas que muchas personas esperaban. Eso exige trabajar en una solución viable, no celebrar la derrota del adversario. Presentar una propuesta y votar en contra son decisiones que deben justificarse ante los ciudadanos.
Desde mi posición liberal, la propiedad privada y la protección social son compatibles. Una familia que atraviesa una situación grave necesita ayuda. El propietario que depende de una renta para completar su pensión también merece garantías. Y el joven que busca su primer alquiler debe estar presente en el debate, aunque todavía no tenga un contrato que prorrogar.
Cuando la Administración decide mantener a una persona vulnerable en una vivienda privada por razones sociales, debe asegurar una respuesta económica efectiva al propietario. Hacen falta presupuesto, procedimientos sencillos y plazos de pago. Una compensación incierta no permite atender una hipoteca ni pagar los gastos de una vivienda.
La solidaridad debe sostenerse colectivamente. No es justo que una política pública dependa de la capacidad de un particular para soportar sus costes.
Una compensación incierta no permite atender una hipoteca ni pagar los gastos de una vivienda
Me preocupa, además, que se valore una regulación únicamente por la protección que anuncia, sin estudiar sus consecuencias sobre quienes buscan vivienda. Si determinados propietarios perciben que alquilar implica una incertidumbre excesiva, algunos pueden optar por vender o dejar de arrendar. Ese riesgo debe analizarse y medirse. Una política que estabiliza a unos inquilinos, pero dificulta la entrada de otros, necesita correcciones.
Los abusos deben perseguirse. Pero hablar constantemente de fondos buitre no sustituye una política de vivienda. Construir, rehabilitar y ampliar la oferta de alquiler requiere inversión. La Administración debe establecer reglas claras y exigir su cumplimiento, distinguiendo entre actividades y prácticas concretas.
La alternativa liberal tampoco consiste en esperar que el mercado resuelva por sí solo cualquier situación. Defiendo más vivienda pública y asequible, ayudas bien dirigidas y servicios sociales capaces de intervenir antes de que llegue una emergencia. Defiendo también licencias en plazos razonables, suelo viable para construir y seguridad jurídica que anime a ofrecer viviendas en alquiler.
La Administración debe establecer reglas claras y exigir su cumplimiento, distinguiendo entre actividades y prácticas concretas
La doble derrota debilita políticamente al Gobierno, pero no equivale por sí sola a una ruptura de la coalición ni permite dar por convocadas unas elecciones. Lo que sí pone de manifiesto es la dificultad del Ejecutivo para reunir una mayoría en una cuestión que considera prioritaria. Si decide continuar, debe reconstruir acuerdos. Si no puede hacerlo, tendrá que explicar a los ciudadanos cómo pretende gobernar. Convertir cada discrepancia en una acusación moral contra el adversario no resuelve esa dificultad.
Los ciudadanos necesitan soluciones, no una campaña permanente para decidir quién carga con la culpa. Después de más de ocho años gobernando, el Ejecutivo debe explicar qué ha fallado, qué va a corregir y cuándo podrán comprobarse los resultados.
Gobernar es asumir esa responsabilidad. También cuando el Parlamento dice que no.
