Me sugería mi mejor lector -¡quién sabe si el único que tengo!- que quizá debería dejar de comentar durante unas semanas las andanzas de la banda gubernamental, una auténtica cueva de corruptos, cínicos o ineptos que, para mayor desconsuelo de quienes no lo son, alardean de ser progresistas. No sé si los que vengan lo harán mejor, pero veo francamente difícil que no superen el listón tan bajo que van a dejarnos tras ocho años de despropósitos. Un gobierno, por cierto, tan ‘progresista’ que sus ministros babosean día sí y día también elogios al rey de Marruecos tras la invasión de Ceuta, se muestran encantados de acordar sus políticas con EH Bildu, la organización política que acoge y homenajea a los asesinos de sus propios militantes, y hasta sacan pecho por amnistiar a los líderes de ERC y CDC-PDeCat-Junts, unos condenados por el Tribunal Supremo y otros prófugos de la justicia, que declararon la independencia de Cataluña en 2017.
Vaya en mi descargo que procuro seguir la actualidad internacional y escribir sobre otros asuntos quizá más relevantes y dramáticos, pero lo cierto es que al ver la Puerta del Sol ocupada por una pandilla de auténticos malcriados, disfrazados de ‘antifascistas’, y a una ministra de Vivienda haciendo demagogia con el desahucio de una anciana de 87 años, no he podido resistirme a comentar lo ocurrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 29 de septiembre. Allí se vivió una situación que ilustra perfectamente la incapacidad del gobierno de Sánchez para afrontar los problemas de la sociedad española: uno de orden público, en el caso de la ocupación de la Puerta del Sol, y el otro de carácter económico, la creciente escasez y la subida imparable de los precios de la vivienda durante los ocho años que Sánchez lleva en la Moncloa.
¿Dónde están mis papeles?
Apareció confiada y aparentemente satisfecha con un montón de papeles Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y alguna cosilla más, en la sala de prensa del palacio de la Moncloa para explicar los dos Reales-Decretos recién aprobados en el movidito Consejo de Ministros y su actuación constituyó un espectáculo entre cómico y trágico. Por si alguien albergaba alguna duda sobre la capacidad de esta mujer para gestionar la crisis de la vivienda en España, seguro que verla balbucear y rebuscar entre sus notas se las habrá despejado por completo. Quizá ahora entiendan por qué los gobiernos de Sánchez no han construido las decenas de miles de viviendas prometidas y la creciente escasez de inmuebles para compra y alquiler ha disparado los precios y alquileres. Estos sí, doctor Sánchez, van como un cohete.
Pasen, pasen y vean, como solían decir los porteros en las películas de circo, cómo este cráneo privilegiado resuelve en minutos con dos reales-decretos el problema que se ha ido agravando sin pausa en los años que ha estado al frente del Ministerio de Vivienda. En un momento de la rueda de prensa, la ministra portavoz Elma Saiz, dijo, “Isabel…”, para dar la palabra a la ministra, y esto fue lo que escuchamos a continuación:
“Eh… la congelación, tengo que recurrir al texto, porque ahora ya tengo un cacao, eh… de manera que después les puedo acompañar de algún ejemplo, me disculpan la precipitación, es que hasta el último momento, pues el texto ha estado muy abierto. Eh…, y por eso quizás mi presentación ha podido estar más desordenada. La redacción completa la van a tener tan pronto tengamos el texto definitivo… Les, les hago el mismo ruego que al comienzo, van a tener los textos, van a poder analizarlos, vamos a poder compartir con ustedes. Este texto justo, no está aquí, no me lo he, ni la última versión del otro porque se han estado trabajando hasta las últimas horas… disculpadme, que estaba buscando esta otra parte del texto que esta sí estaba cerrada… (murmura la ministra palabras ininteligibles), tengo, tengo que revisar, tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí… (el periodista le recuerda la pregunta sobre la entrada en vigor del texto) Ah, eh, perdón, perdón. Eh, es que me falta la definición final de los textos que era algo que estábamos ajustando también…”.
Ver y escuchar la intervención transcrita de Rodríguez el 29 de septiembre me lleva a plantearles varias preguntas de diversa índole. La primera, digamos de naturaleza tragicómica, es si acaso le hacía gracia su propia incompetencia y dedicaba sonrisas completamente fuera de lugar a los periodistas presentes en la sala de prensa de la Presidencia del Gobierno. No me sorprendería que estuviera pensando no tengo ni idea de lo que les estoy hablando, pero soy ministra, por la gracia de Sánchez, progresista e inquisidora de fondos buitres, y con esos créditos debería bastarles para ponerme una alfombra roja.
La segunda pregunta, ésta en calidad de contribuyente, es por qué cobrando esta ministra un elevado sueldo público (84.650,52 euros, más tarjeta de crédito y coche oficial durante las 24 horas del día), dispone también de una vivienda oficial de 230 metros cuadrados y ocho habitaciones que computa como retribución en especie por una cuantía de 1.935 euros anuales (163 euros mensuales) en la declaración del IRPF. No me sorprende que la ministra, con semejante chollo inmobiliario, encuentre abusivo que Doña Maricarmen Abascal Martín (Maricarmen) pague 204 euros de alquiler más unos 230-240 euros de gastos de comunidad por una vivienda en la calle Sainz de Baranda, muy próxima al parque del Retiro, en el centro de Madrid.
Para poner las cosas más al ‘rojo vivo’, la ministra declaró en agosto de 2023 poseer tres inmuebles, dos aparcamientos y dos trasteros y haber percibido rentas de alquiler por importe de 5.130 euros en 2022. Uno se pregunta si esa inclinación a comprar y alquilar propiedades convierte a Rodríguez en una ministra-buitre, no me atrevo a decir si muy carroñera o no, por no ser experto en aves carroñeras. Claro que la ministra progresista no es ni mucho menos la peor del Consejo, porque, se ha publicado la familia Sánchez-Gómez son propietarios al parecer de seis viviendas y dos aparcamientos. Cuatro de ellas son propiedad de Begoña Gómez quien, según se ha publicado, las habría adquirido mientras trabajaba en las saunas gais de su familia, un negocio progresista también donde los haya, y podría heredar tres inmuebles más de su progenitor fallecido en 2024.
Ni pyme-buitre, ni muy carroñera
Vamos ya a la tercera y más sustancial cuestión que tiene que ver con la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., calificada por la ministra socialista como “fondo buitre” en primera instancia, y como “pyme-buitre, muy carroñera” en segunda instancia. La empresa es propiedad de los hermanos Ricardo y Fernando Alonso que reprocharon a la ministra que descalificara en la rueda de prensa “a una pequeña empresa que se ha limitado a cumplir la ley”, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, para ser más exactos, aprobada por un gobierno socialista en 1994. Urbagestión no es un fondo buitre, como Maricarmen, su abogada y la propia ministra la han presentado ante la opinión pública, sino “una micropyme con un capital social de 3.000 euros” y 8 trabajadores cuya actividad principal es “asesorar en inversiones inmobiliarias a terceros, principalmente en locales comerciales. La gestión de vivienda residencial no representa ni el 5% de nuestra actividad”.
Toca ahora preguntarse acerca de las circunstancias de la supuesta víctima. La familia de Maricarmen, padre, madre y ella misma, se han beneficiado, por no decir explotado, de todos sus caseros desde 1956, gracias a una ley franquista de 1946, y han pagado un alquiler muy bajo, por no decir irrisorio, durante 70 años, y si no que se lo pregunten a los acampados en Sol. Más aún, durante las siete décadas que Maricarmen ha residido en Sainz de Baranda, primero con sus padres hasta 1960, luego con su madre hasta 2005, y sola desde entonces, la familia ha tenido oportunidades, como cualquier otro madrileño con empleos modestos -¡he conocido a unos cuantos!- de adquirir un inmueble en propiedad a precios muy razonables, por no decir muy bajos, especialmente en los años 70, 80 y hasta 90 del pasado siglo, antes del primer gran boom inmobiliario vivido durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero (2004-2008). Resulta también muy instructivo mencionar la peripecia vital de Ignacio Lázaro, heredero de la casa levantada por su abuelo donde residió, puerta con puerta con Maricarmen, en la sexta planta del inmueble entre 2002 y 2018, momento en que la familia propietaria vendió el inmueble. Paradójicamente, Lázaro, copropietario, pagaba un alquiler superior al de Maricarmen.
En fin, desde que finalizaron los dos años de prórroga forzosa tras el fallecimiento de su madre en 2005, Maricarmen ha vivido casi dos décadas en un piso sin amparo legal y por ello acabó siendo desahuciada. Lo sorprendente es que el desahucio no se produjera antes. Rechazó, entretanto, varias soluciones habitacionales que se le propusieron para resolver su irregular situación, e incluso llegó a rehusar la oferta de Renta Corporación, los anteriores propietarios del inmueble, para adquirir la vivienda que alquilaba por 247.000 euros en 2018, un auténtico chollo. En ese momento, Maricarmen tenía 79 años, era ya pensionista y al parecer no había logrado ahorrar durante toda su vida esa suma, pese a haber estado pagando una renta de alquiler no baja, bajísima.
Maricarmen, gracias a la eficaz mediación del Ayuntamiento de Madrid que no de la ministra de Vivienda que debe estar todavía aclarando su cacao, ha alcanzado un acuerdo con “la pyme buitre, muy carroñera” para ampliar su contrato 8 años más pagando un alquiler mensual que no superará 30 % de su pensión. Quien sabe si cuando Maricarmen regrese a su vivienda de 92 metros cuadrados se decidirá, como buena samaritana, a acoger en su piso de toda la vida a alguna de las muchas personas sin techo que duermen en las calles de Madrid por falta de recursos, o si se inclinará a compartirlo con alguna de las muchachas acampadas en Sol y tan necesitadas de vivienda en agradecimiento por el apoyo recibido del sindicato de inquilinas.
Un rayo de esperanza
Vayamos a lo fundamental: el rechazo de la convalidación de los dos Reales Decretos sobre Vivienda en el Congreso el 2 de octubre nos acerca un poco más a las elecciones generales que los expresidentes González y Rajoy reclamaban desde La Toja, unas elecciones indispensables para levantar las alfombras, reforzar la división de poderes y recuperar la confianza en las instituciones políticas, tan dañadas durante ocho años de sanchismo. Indispensables también para adoptar políticas sensatas en materia de vivienda que aumenten la oferta y faciliten el acceso a a cientos de miles de españoles. De los jóvenes y menos jóvenes acampados en Sol que llaman a la huelga general -me pregunto si indefinida y masiva- y querrían imponer “la planificación democrática de la economía y la sociedad” para resolver el problema de la vivienda, sólo puedo decir que la ignorancia no tiene edad ni fronteras.
