Según el relato que este domingo impulsan los medios más próximos al Gobierno, El País y La Vanguardia entre ellos, Pedro Sánchez se inclina por adelantar las elecciones generales. En Ferraz y en parte del Consejo de Ministros la consigna es casi unánime: ahora hay una ventana y no va a repetirse. El 29 de noviembre sería la primera fecha posible, lo que obliga a disolver las Cortes este lunes. Otras crónicas, más cautas, sostienen que el presidente aún no ha cerrado el paso y que Moncloa quiere evitar la imagen de una decisión precipitada. La diferencia es de horas, no de fondo. El adelanto lleva tiempo decidido en lo esencial. Lo que faltaba era el pretexto.
Durante meses ese pretexto parecía el presupuesto. Una ley de cuentas populista que no saliera habría servido para declarar agotada la legislatura sin asumir el coste de romperla y acusando a la oposición de falta de sensibilidad social. El estallido del problema de la vivienda ha adelantado el calendario. El viernes el Congreso tumbó los dos decretos del Gobierno: 178 votos contra 172 en el primero y 184 contra 166 en el segundo. PP, Vox y Junts fueron determinantes. El sábado la calle respondió. En Madrid la Delegación del Gobierno contó unas 70.000 personas y los convocantes, medio millón. Da igual la cifra exacta. El conflicto ya tiene imagen, y una imagen sirve mejor que un presupuesto para una campaña.
Junts sostiene que el fracaso se buscó. Que los textos se redactaron para no pactarse y poder retratar al independentismo al lado del PP y de Vox. Jordi Turull lo dijo sin muchos rodeos: si hay ganas de acuerdo, se está a tiempo; si lo que hay es electoralismo, que se convoque. La sospecha es razonable y, a la vez, secundaria. Que Sánchez haya forzado la caída o que Junts se la haya regalado no cambia el resultado. El bloque de la investidura de 2023 ya no existe, la amnistía sigue sin cerrarse en los tribunales y ningún socio tiene incentivo para regalar estabilidad. Discutir si el naufragio fue provocado es discutir el método. La conclusión política es la misma.
Las razones para no alargar el mandato son más sólidas que las razones para aguantar. La economía va a ir a peor: la inflación y el acceso a la vivienda pesan más que cualquier dato agregado de crecimiento. Los analistas internacionales empiezan a entrever nubarrones. Una crisis de deuda no es descartable. Las tensiones por la inmigración no van a disminuir. Ceuta va a seguir siendo un problema sin resolver. El partido prefiere unas generales, donde los votantes socialistas «cabreados» se desfoguen con la abstención, antes que el ciclo municipal y autonómico, donde una clara derrota dejaría al PSOE más expuesto y sin margen para recomponerse. Y el calendario judicial no es un ruido de fondo. Las causas por financiación ilegal que afectan al partido pueden endurecerse en los próximos meses. Su mujer puede ser condenada. Prolongar la legislatura solo tendría una utilidad clara: seguir usando la posición institucional para presionar a los jueces, dilatar plazos y mantener el control de los resortes del Estado. Fuera de eso, cada mes adicional es desgaste sin contraprestación.
La remontada, si la hay, no será cómoda. Las medias de sondeos dejan al PP en torno al 34 % y al PSOE por debajo del 28 %, con una ventaja popular de unos seis puntos y medio. En varios sondeos privados PP y Vox superan la mayoría absoluta; el CIS, como es habitual, dibuja otro mapa. Sánchez parte retrasado y con la izquierda a su lado dividida entre Sumar y Podemos. Lo que sí tiene es el aparato del estado. Usará los medios públicos, el BOE, la agenda institucional y la polarización —inquilinos contra “especuladores”, calle contra derecha— para intentar girar las encuestas en siete semanas. No lo tiene fácil. Esperemos que la oposición no le facilite la tarea
