Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales para el 29 de noviembre. Está en su derecho. Devolver la palabra a los ciudadanos es una salida democrática legítima cuando un presidente considera agotados sus apoyos. Lo que merece una crítica firme es el relato con el que ha acompañado esa decisión: un Gobierno que se atribuye los avances y unos adversarios a los que carga buena parte de los obstáculos.
El discurso admite errores, pero los rodea de tantos culpables externos que la autocrítica pierde fuerza. La oposición, los poderes económicos, quienes bloquean sus iniciativas: todos aparecen en una explicación que deja demasiado poco espacio para examinar las decisiones del propio Gobierno. Un presidente debe responder también por los acuerdos que construye, las prioridades que fija y los resultados que obtiene.
En una democracia parlamentaria, la mayoría se acredita con votos en el Congreso. Apelar a una mayoría social no permite apropiarse de la representación de la gente ni presentar a los discrepantes como defensores de intereses oscuros. Quienes votan a otras opciones también trabajan, pagan impuestos, tienen hijos y necesitan una vivienda. Su voz merece el mismo respeto.
El rechazo de una medida puede parecernos acertado o equivocado. Podemos discutir sus consecuencias con toda la dureza necesaria. Pero votar contra un decreto forma parte de las funciones del Parlamento. Si el Gobierno pierde apoyos, le corresponde negociar, modificar sus propuestas o asumir que no dispone de una mayoría suficiente. La discrepancia no necesita un certificado de buenas intenciones expedido por la Moncloa.
Sánchez ha reivindicado el crecimiento, el empleo y los avances sociales. Cuando los indicadores mejoran, debemos reconocerlo. Pero ningún dato favorable exonera al Gobierno de explicar lo que sigue funcionando mal. La prosperidad también se mide por la posibilidad de emanciparse, la calidad de los servicios públicos y el margen que le queda a una familia después de pagar sus gastos.
La vivienda exige precisamente ese examen. No basta con anunciar protección para los inquilinos si no se explica cómo habrá más viviendas disponibles. Tampoco basta con señalar a los propietarios o a los inversores. Hay que ampliar la oferta, facilitar la construcción y la rehabilitación, agilizar los trámites y ofrecer seguridad jurídica. La protección de las personas vulnerables necesita recursos y una gestión pública capaz de dar respuestas.
Desde el liberalismo, considero esencial defender a quienes generan actividad. Un autónomo, un comerciante o una pequeña empresa necesitan reglas claras y una Administración que resuelva. Cada obligación añadida tiene un coste, y ese coste acaba afectando a la inversión, a la contratación o al precio que paga el consumidor. Gobernar obliga a valorar esas consecuencias antes de celebrar una medida.
También obliga a evaluar el gasto público. Los servicios de calidad necesitan financiación, pero una partida más elevada no garantiza por sí sola una atención mejor. El dinero procede del esfuerzo de los contribuyentes. Exigir eficacia, controlar los resultados y corregir los fallos es una responsabilidad social.
Me preocupa una campaña que vuelva a reducir la elección a dos bloques morales, con el Gobierno reservado para el lado del progreso y sus adversarios situados bajo sospecha. Ese planteamiento empobrece el debate y evita preguntas concretas: qué propone cada partido, cuánto costará, cómo se aplicará y quién responderá si fracasa.
Los ciudadanos tendrán la última palabra. Convocar elecciones abre una nueva oportunidad política, pero no borra el balance de la legislatura. Sánchez pide renovar la confianza. Antes de concedérsela, los españoles tienen derecho a exigir explicaciones. La confianza no se reclama como una deuda: se gana con resultados.
