La afirmación de María Jesús Montero de que la huelga general anunciada para el día 11 por los sindicatos no se dirige contra el Gobierno, sino «contra la oposición», resulta cuando menos insólita pero es ilustrativa de un partido socialista dispuesto a lo que haga falta para atrincherarse en el poder. También es una muestra más de que los sindicatos son meros apéndices del PSOE que es el que les paga a través de las subvenciones gubernamentales.
Tradicionalmente, una huelga general constituye un instrumento de presión frente al poder ejecutivo. Que desde el propio partido del Gobierno se interprete ahora como una movilización contra quienes se oponen a sus políticas revela hasta qué punto la confrontación política ha desbordado cualquier limite. Que además se convoque a 2 días del inicio de la campaña electoral debería mover a la Junta general a prohibirla.
No es un episodio aislado. La crisis de los decretos de vivienda, las acampadas, las manifestaciones y ahora la convocatoria de una huelga general configuran un escenario que busca movilizar a los sectores afines al gobierno. Irene Montero ha defendido abiertamente continuar con las acampadas y las protestas y ha presentado la movilización como instrumento para cambiar el sistema. La vivienda, convertida en uno de los grandes problemas sociales del país, ofrece además un terreno especialmente favorable para ello, aunque el gobierno sea el principal responsable de la situación actual con su inacción durante 8 años y con medidas contraindicadas para ampliar el parque de alquiler.
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Desde una perspectiva electoral, puede entenderse la utilidad de esta dinámica para la izquierda. Los casos de corrupción, sus pactos con independentistas y radicales pro etarras, Ceuta, han desmovilización a su electorado. Convertir unas elecciones en una confrontación entre quienes supuestamente pretenden ampliar determinados derechos sociales y quienes supuestamente los bloquean puede servir para recuperar votantes desencantados, y desinformados especialmente jóvenes y sectores urbanos afectados por el precio de la vivienda.
Pero la estrategia, si efectivamente existe, contiene un riesgo considerable: la movilización no pertenece a nadie.
La derecha lleva mucho tiempo movilizada contra Pedro Sánchez. Es difícil imaginar que unas acampadas o una huelga general vayan a incrementar mucho más la intensidad de un electorado que ya está políticamente activado. El peligro para la izquierda puede encontrarse en otro lugar: en esa amplia franja de ciudadanos poco ideologizados que normalmente observa la política desde cierta distancia y que incluso puede optar habitualmente por la abstención.
Si las movilizaciones acaban en escenas de guerrilla urbana como en Barcelona, con enfrentamientos con la policía, destrozos, quema de contenedores o alteraciones graves del orden público, la percepción de esta parte de la sociedad menos ideologizada podría cambiar rápidamente.
Y probablemente ahí reside el mayor riesgo político de una estrategia basada en elevar la temperatura de la calle. Una cosa es movilizar a los propios y otra controlar las consecuencias de esa movilización.
Existe un segmento electoral que no participa en manifestaciones, que no milita en partidos, que contempla con enorme distancia las guerras culturales de izquierda y derecha y que incluso puede desconectar de unas elecciones cuando considera que ninguna alternativa le representa. Ese ciudadano puede permanecer indiferente ante una discusión parlamentaria sobre un decreto, pero dejar de estarlo cuando percibe desorden, violencia o una ocupación permanente del espacio público.
La cuestión, por tanto, no es solamente cuántos votantes de izquierda pueden regresar a las urnas gracias a la movilización por la vivienda. Hay que tener en cuenta cuantos propietarios o personas que buscan piso pueden movilizarse en contra del gobierno. También habría que preguntarse cuántos abstencionistas podrían movilizarse precisamente en sentido contrario si interpretan que el clima político está escapando de los cauces institucionales o cuantos propietarios o personas que buscan piso pueden movilizarse en contra del gobierno
Sánchez ha demostrado durante años una considerable capacidad para desenvolverse en escenarios de polarización. La confrontación le ha permitido en diferentes momentos cohesionar electorados muy diversos frente a un adversario común. Pero toda estrategia de polarización tiene rendimientos decrecientes y, sobre todo, un límite: funciona mientras permita movilizar más intensamente al propio bloque que al contrario.
Movilizar a la izquierda es una necesidad para el PSOE. Pero convertir el conflicto social en combustible electoral entraña también un peligro: que quienes hasta ahora permanecían al margen decidan participar precisamente porque rechazan el grado de confrontación alcanzado.
La frase de María Jesús Montero sobre una «huelga general contra la oposición» tiene por ello más importancia de la que parece. Difumina la frontera entre protesta social y competición partidista y permite a los adversarios del Gobierno presentar las movilizaciones como parte de la batalla electoral.
Sacar la política a la calle puede movilizar a los tuyos. Lo que nadie puede garantizar es que únicamente movilice a los tuyos.
Y ese puede ser el punto débil de toda la operación.
