Las dos encuestas publicadas este viernes, en plena ebullición del caso Maricarmen y tras el rechazo de los decretos de vivienda, no registran la recuperación de la izquierda que parte del relato gubernamental daba por hecha. El movimiento claro es otro: Vox se consolida como gran beneficiario y la suma de PP y Vox se sitúa holgadamente por encima de la mayoría absoluta.
El caso no mueve el tablero hacia la izquierda
Imop, para El Confidencial, proyecta 130 escaños para el PP, 110 para el PSOE y 70 para Vox: 200 entre populares y Vox, 24 por encima de los 176. El sondeo de 40dB para El País y la SER, con trabajo de campo los días 7 y 8 de octubre, deja al PP en el 31,9 % y 132 escaños, al PSOE en el 28,1 % y en torno a 110-112, y a Vox en el 18,9 % y 66. La estimación central de esa suma ronda los 198 diputados. Frente a 2023, Abascal pasaría de 33 escaños y un 12,4 % a una horquilla de 66-70. El PSOE no recupera los 121 de hace tres años; Sumar y Podemos, por separado, se quedan en el entorno de una docena de escaños.
El contraste con el ruido de la semana es el dato. El desahucio y la muerte de Maricarmen Abascal, las acampadas y los dos reales decretos —escudo antidesahucios hasta 2030, prórroga de contratos, tope de rentas, veto temporal a la compra por fondos— no se traducen en un trasvase hacia el bloque que los promovió. Otras mediciones de la misma semana, como la de NC Report, apuntan en la misma dirección: la vivienda ocupa el debate, pero no reordena el voto de forma apreciable. Vox, además, retiene una fidelidad muy alta y absorbe parte del electorado del PP y de la abstención de 2023.
Una mayoría preocupada por la vivienda pero no conforme con las recetas de los decretos
Ahí está el equívoco. España sigue siendo un país de propietarios. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 73,3 % de los hogares residía en una vivienda en propiedad —el mínimo de la serie, pero todavía casi tres de cada cuatro—; el 48,9 % la tenía pagada y el 24,4 % con hipoteca. El alquiler a precio de mercado afectaba al 16,7 %. La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España sitúa la propiedad de la vivienda principal en el 70,6 % en 2024. En ambos casos, la cifra supera con claridad el 70 %.
Esa estructura social explica por qué el marco de los decretos no equivale a una “mayoría social”. La preocupación por la vivienda es transversal: falta de oferta de alquiler, precios desorbitados en las grandes ciudades y dificultad de acceso de los jóvenes. No es, para la mayor parte de los hogares, el desahucio. Medidas que alargan contratos, congelan o topan rentas y elevan la incertidumbre del propietario pueden aliviar a quien ya está dentro de un alquiler y, al mismo tiempo, retraer oferta: menos pisos en el mercado y precios aún más tensionados para quien busca entrar. El problema que cita la mayoría —escasez y precio— es precisamente el que ese diseño tiende a agudizar, no a resolver.
De ahí que el relato de una calle alineada con el decreto no encuentre respaldo en estas encuestas. Hay una mayoría inquieta por la vivienda. No hay una mayoría que haya comprado la solución gubernamental.
Lo que el caso no tapa
Tampoco parece que el episodio haya desplazado el resto de la agenda. La inversión pública en vivienda protegida sigue siendo el agujero estructural que ningún decreto de contención cubre: sin suelo, promoción y parque público, el alquiler seguirá escaso. A eso se suma el desgaste de los casos de corrupción y de la crisis de Ceuta, que en septiembre ya había coincidido con el primer cruce del 50 % conjunto de PP y Vox en 40dB. Y, en paralelo, la instrucción sobre la trama atribuida al entorno de Leire Díez: la UCO ha informado de contactos con clanes de la droga de Badajoz para una actuación contra la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente, y de una campaña de acoso que el juez Pedraz investiga. Son hechos en fase judicial, no sentencias, pero forman parte del clima en el que se miden estas encuestas.
La lectura conjunta es poco complaciente para quien esperaba un vuelco emocional. El caso Maricarmen ha ocupado la conversación; no ha recompuesto el bloque de izquierdas. El beneficiario neto, en escaños y en relato, es Abascal. Y la respuesta a los decretos lejos de funcionar como palanca automática de voto pone de manifiesto que la mayoría propietaria y de los que buscan piso puede compartir la preocupación por la vivienda sin compartir la terapia gubernamental.
