La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre se enfrenta a una nueva controversia judicial. Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de los comicios convocados por Pedro Sánchez ante el riesgo de que se celebren con un «censo adulterado», según denuncia la formación presidida por Luis María Pardo.
El partido ha presentado este viernes un escrito ante el Alto Tribunal después de que la Abogacía del Estado reconociera la «imposibilidad material» de ejecutar dentro del calendario electoral las medidas cautelares relacionadas con las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de beneficiarios de la denominada ley de nietos.
Según la información publicada por The Objective, 163.020 electores figuran en el censo cerrado a 1 de agosto dentro del colectivo cuya situación debe revisarse para determinar el alcance de la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo el pasado 10 de septiembre.
La Abogacía del Estado admite que no llega a tiempo
El principal problema radica en la imposibilidad de identificar individualmente a los electores afectados antes de las elecciones. Los servicios jurídicos del Gobierno han advertido de que no existe una herramienta informática que permita realizar esta identificación de forma automática.
Para determinar qué inscripciones están comprendidas en la resolución judicial sería necesario revisar los expedientes de nacionalidad y contrastarlos con los registros consulares, una tarea que la Abogacía del Estado considera inviable antes del cierre del censo electoral, previsto para el 12 de octubre.
La situación ha llevado a Iustitia Europa a solicitar una medida excepcional: aplazar las elecciones durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la resolución del Supremo.
«Lo advertimos el 28 de junio. Hoy está ocurriendo», ha señalado la formación, que asegura haber trasladado sus preocupaciones a la Junta Electoral Central meses antes de la convocatoria electoral. Su presidente, Luis María Pardo, sostiene que la controversia afecta directamente a las garantías democráticas de los comicios.
«Tenemos una resolución cautelar vigente del Tribunal Supremo que afecta directamente a los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA. Y tenemos a la propia Abogacía del Estado diciendo al mismo Tribunal que existe una imposibilidad material de ejecutarla dentro del calendario electoral», ha explicado.
El riesgo de impugnaciones electorales
Iustitia Europa advierte de que celebrar las elecciones sin haber aplicado las medidas cautelares podría comprometer la seguridad jurídica del proceso electoral y abrir la puerta a futuras impugnaciones. Según la formación, el problema presenta dos riesgos contrapuestos: permitir votar a personas cuyas inscripciones estén afectadas por la suspensión judicial o impedir el ejercicio del sufragio a ciudadanos que finalmente no se encuentren comprendidos en ella. «Aquí está en juego la legitimidad del resultado electoral y de las instituciones que nazcan de él», ha advertido Pardo.
El dirigente responsabiliza políticamente a Pedro Sánchez de haber llevado las garantías electorales a una «situación límite» y considera que el problema ha dejado de ser una simple controversia administrativa para convertirse en una cuestión que exige una respuesta urgente del Tribunal Supremo.
Una alternativa para evitar la suspensión del 29-N
La formación también ha planteado una solución subsidiaria para el caso de que el Alto Tribunal considere desproporcionado suspender las elecciones generales. En ese supuesto, propone ordenar a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que identifiquen informáticamente los 163.020 registros afectados, de manera que pueda garantizarse la trazabilidad de sus votos durante el escrutinio y facilitar una eventual revisión posterior.
Esta alternativa, según Iustitia Europa, permitiría mantener la convocatoria del 29 de noviembre sin privar preventivamente del derecho de voto a ningún ciudadano. El objetivo sería preservar las garantías del proceso electoral y evitar que sus resultados quedaran expuestos a posteriores reclamaciones judiciales.
Pardo insiste en que el Tribunal Supremo debe pronunciarse antes de que se celebren las elecciones. «El problema ya no es teórico. Las elecciones están convocadas y el calendario electoral está corriendo», ha advertido. Y concluye con una advertencia sobre las posibles consecuencias de no resolver la controversia antes de la votación: «Después del escrutinio, el daño institucional y jurídico puede ser irreversible».
Por el momento, la petición de suspensión constituye una solicitud de Iustitia Europa y no una decisión adoptada por el Tribunal Supremo. Tampoco implica que se haya acreditado una manipulación del censo electoral.
