El PP y empresarios vascos estudian una iniciativa para permitir votar en las elecciones autonómicas a quienes abandonaron Euskadi por la presión de ETA y a sus descendientes. La propuesta podría beneficiar a más de 300.000 personas, según algunas estimaciones.
Según El Confidencial, ya se han celebrado varias reuniones para analizar su viabilidad, confirmadas por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés. El objetivo es estudiar la incorporación de este colectivo al censo electoral y reparar las consecuencias demográficas y políticas del éxodo vasco.
El éxodo vasco
Según el CEFAS, unas 180.000 personas abandonaron el País Vasco entre 1976 y 2022 por la presión de ETA y del nacionalismo. Su informe vincula este éxodo con la pérdida de población, el envejecimiento y el descenso de la natalidad.
A esta cifra se sumarían sus hijos y nietos, lo que podría elevar a más de 300.000 el número de potenciales beneficiarios, aunque no existe una estimación científica definitiva. La iniciativa busca estudiar la viabilidad legal de concederles el derecho al voto autonómico y establecer los requisitos para acceder a él.
Impacto electoral
La propuesta podría alterar el equilibrio político en Euskadi. Sus promotores defienden que reconocer el voto a la diáspora y sus descendientes ayudaría a reparar las consecuencias del terrorismo de ETA y de la presión política que sufrieron miles de ciudadanos.
La incorporación de estos electores podría beneficiar a partidos constitucionalistas como el PP y el PSOE, aunque su impacto dependerá de la orientación política y la participación de los nuevos votantes, aspectos que todavía no están determinados.
El precedente de Rajoy
La iniciativa tiene antecedentes en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy promovió una propuesta para reconocer el derecho al voto en Euskadi a quienes emigraron por motivos políticos. Pese a contar con el asesoramiento de juristas, el proyecto quedó paralizado y no llegó a prosperar.
Ahora, el PP recupera este debate en un contexto marcado por las iniciativas para reconocer los derechos de los descendientes de españoles en el exterior y reforzar los vínculos con las comunidades de la diáspora.
La Ley de la Diáspora
El Gobierno vasco, presidido por Imanol Pradales, impulsa una nueva Ley de la Comunidad Vasca en el Exterior para actualizar la normativa de 1994. El anteproyecto, aprobado inicialmente en mayo de 2026, busca ampliar el reconocimiento de los descendientes de emigrantes, facilitar el retorno y fomentar la participación de la diáspora.
Sin embargo, este reconocimiento no concede automáticamente el derecho al voto autonómico. La propuesta que estudian el PP y empresarios vascos necesitaría una evaluación jurídica específica y la correspondiente tramitación legislativa.
El coste económico de ETA
El impacto económico de ETA también forma parte del debate sobre la diáspora vasca. Un estudio del profesor de la Universidad de Deusto Luis María Arrieta, publicado en la Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo, estima en 25.000 millones de euros los daños económicos causados por la organización terrorista.
El informe señala que las amenazas y extorsiones contribuyeron a la salida de empresas, empresarios y profesionales, así como a la pérdida de inversiones y empleo cualificado. Estas consecuencias refuerzan las reivindicaciones de reparación para los afectados por la violencia terrorista.
Elecciones en 2028
Las próximas elecciones autonómicas vascas, previstas para 2028 si no hay adelanto electoral, podrían reabrir el debate sobre el derecho al voto de la diáspora. Por ahora, la iniciativa del PP y empresarios vascos sigue en una fase preliminar y no existe ninguna ley aprobada que permita votar a los descendientes de quienes emigraron por la presión de ETA.
Su eventual puesta en marcha dependerá de los acuerdos políticos, la definición de los beneficiarios y la viabilidad jurídica de la reforma. La propuesta plantea así un debate sobre la reparación a las víctimas del terrorismo y sus consecuencias demográficas, además del posible impacto de una ampliación del censo en la política vasca.
