La llamada “ley de nietos” —en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022— abrió una vía de acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella por exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. Una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 introdujo una presunción amplia de exilio para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, relajando de facto la exigencia de acreditar caso por caso la condición de exiliado.
El resultado ha sido un crecimiento notable del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Según datos del INE, el censo exterior pasó de alrededor de 2,33 millones en las generales de 2023 a cifras superiores a los 2,7 millones en 2026, con cientos de miles de altas vinculadas a estas nacionalizaciones. El Tribunal Supremo, a instancias de recursos de Vox e Iustitia Europa, ha adoptado y ratificado medidas cautelares que suspenden la inscripción o los efectos electorales de buena parte de estas personas en el CERA (salvo que acrediten el exilio conforme a los requisitos más estrictos de la ley), precisamente por el riesgo de afectar la objetividad y transparencia del proceso electoral. El Gobierno ha defendido la norma como reparación histórica y ha intentado sin éxito levantar la suspensión antes de las elecciones previstas.
El efecto práctico es una ampliación significativa del cuerpo electoral de ciudadanos naturalizados que residen en el extranjero, con controles de verificación más laxos de lo que el texto legal originalmente parecía exigir. La crítica —compartida por formaciones de la oposición— es que esta vía facilita la incorporación de nuevos electores en un volumen y con una distribución territorial (con fuerte peso en provincias concretas) que puede beneficiar electoralmente a la izquierda que impulsó y aplicó la norma.
El paralelismo con Estados Unidos es evidente. Allí, los demócratas en el Congreso se oponen de forma reiterada a requisitos federales estrictos de identificación con foto para votar en elecciones federales (como los contemplados en proyectos como el SAVE America Act). Aunque muchos estados ya exigen algún tipo de identificación y las encuestas muestran amplio apoyo popular —incluso entre votantes demócratas— a mostrar identificación, la posición de los líderes demócratas es que estas medidas son excesivamente restrictivas y equivalen a “supresión del voto”. Prefieren evitar o diluir controles de identidad uniformes y rigurosos.
En ambos casos, la izquierda o el progresismo en el poder o en la oposición institucional muestra una resistencia sistemática a controles estrictos sobre quién puede votar (ya sea mediante nacionalización facilitada o rechazo a verificación de identidad), al tiempo que amplía o preserva el acceso al censo. Esta actitud resulta difícil de conciliar con un enfoque realmente garantista de la limpieza e integridad de las elecciones: el garantismo electoral debería priorizar tanto el derecho al sufragio de quienes cumplen los requisitos como la certeza de que el censo y el acto de votar estén libres de irregularidades, fraudes o distorsiones artificiales. Reducir controles sobre nacionalizados o rechazar identificación estricta, cuando existen indicios o riesgos de ampliación irregular del electorado, sugiere más interés en maximizar el potencial de voto propio que en asegurar la pureza del proceso.
La reparación histórica o la facilitación del voto son objetivos legítimos, pero no pueden servir de coartada para relajar los mecanismos que garantizan que solo voten quienes tienen derecho a hacerlo y que el censo refleje fielmente la ciudadanía conforme a la ley. Cuando las instituciones (como el Tribunal Supremo en España) tienen que intervenir para frenar los efectos electorales de estas prácticas, el argumento de la “limpieza de las elecciones” deja de ser una sospecha partidista y se convierte en una cuestión de Estado de Derecho.
