Societat Civil Catalana (SCC) no da por perdida la batalla judicial contra la amnistía de los dirigentes independentistas. La entidad ha anunciado este jueves que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal de Cuentas que aplica la ley de amnistía y absuelve de responsabilidad contable a los dirigentes separatistas demandados por el presunto desvío de fondos públicos destinados al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la acción exterior de la Generalitat.
La organización considera que los fundamentos jurídicos de la resolución son cuestionables y discrepa de la aplicación de la amnistía a quienes, según recuerda, fueron condenados por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos. Además, advierte de que no descarta acudir a instancias judiciales superiores si el recurso de apelación no prospera.
SCC exige que se devuelva el dinero público del procés
En el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, Societat Civil Catalana ha ejercido como parte demandante, representada por el despacho Chapapría-Navarro & Asociados. Inicialmente, la Fiscalía también actuó como reclamante, aunque posteriormente solicitó la aplicación de la amnistía a los encausados, entre los que figuran Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras.
La entidad recuerda que su demanda, presentada a comienzos de 2022, perseguía la devolución a las arcas públicas de los recursos empleados para financiar las actuaciones vinculadas al proceso independentista.
SCC sostiene que todavía existe recorrido judicial para exigir responsabilidades y rechaza que la aprobación de la ley de amnistía deba suponer el cierre definitivo de este procedimiento. «Desde la sociedad civil de Cataluña estamos convencidos de que aún existe recorrido judicial», señala la organización, que considera que «Puigdemont, Junqueras y el resto de los investigados no merecen ser amnistiados».
«Ni siquiera han pedido perdón»
Uno de los argumentos de Societat Civil Catalana para rechazar la amnistía es que los principales dirigentes del procés no han mostrado arrepentimiento por los acontecimientos de otoño de 2017.
La entidad denuncia que los responsables del desafío independentista «ni siquiera han pedido perdón a la ciudadanía catalana y del resto de España» y recuerda que aquellas actuaciones contra el orden constitucional fueron financiadas, según sostiene, con recursos públicos.
SCC también cuestiona el argumento de que la amnistía haya contribuido a mejorar la convivencia en Cataluña. A su juicio, la reducción de los altercados relacionados con el independentismo no responde a esta medida, sino a la intervención del Estado mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La organización sostiene, además, que el separatismo continúa alimentando la crispación política y la polarización en España. En este sentido, reprocha a los dirigentes independentistas que mantengan su intención de volver a impulsar una ruptura con el orden constitucional y les plantea dos preguntas: «¿Piden perdón por la sublevación que llevaron a cabo en 2017 y acatan el Estado de Derecho vigente en el país que les ha amnistiado? ¿Se comprometen a no repetir otro golpe institucional?».
Críticas a las promesas incumplidas sobre la amnistía
Societat Civil Catalana dirige también sus críticas contra los responsables políticos que, antes de las elecciones generales de julio de 2023, rechazaban públicamente la posibilidad de conceder una amnistía a los dirigentes independentistas.
La organización considera que los ciudadanos fueron engañados por quienes aseguraron durante la campaña electoral que no aprobarían una medida de estas características y posteriormente facilitaron su tramitación.
Para SCC, la aprobación de la amnistía responde a un acuerdo de beneficios políticos mutuos entre los partidos que la impulsaron y los dirigentes independentistas favorecidos por ella. «Ni quienes se levantaron contra el orden constitucional merecen una medida de gracia ni los políticos que mintieron gravemente a los votantes españoles deben ser recompensados», afirma la entidad.
La organización concluye que el debate trasciende el ámbito estrictamente jurídico y político, puesto que afecta también a «la propia dignidad de una sociedad civil gravemente perjudicada por unos y engañada por otros».
Con el anuncio del recurso de apelación, Societat Civil Catalana mantiene abierta su ofensiva judicial para intentar revertir la aplicación de la amnistía en el procedimiento contable relacionado con los gastos del procés.
