La violencia que ha acompañado a las protestas en Francia exige algo más que mensajes calculados para conservar la iniciativa política. Exige claridad. Y Jean-Luc Mélenchon merece una crítica severa por la forma en que combina sus llamamientos a la no violencia con un discurso que concentra las culpas en el Gobierno y la policía.
Conviene empezar por los hechos que incomodan a una crítica fácil. Mélenchon ha recomendado estrategias no violentas y ha dicho que quienes comparten su lucha no deben participar en saqueos ni destrozos. Reconocerlo es una obligación de honestidad. Mi reproche es otro: esas palabras pierden fuerza política cuando quedan rodeadas de acusaciones que desplazan la atención desde quienes destruyen hacia quienes deben garantizar el orden.
Después de los disturbios del 17 de octubre, el líder de La Francia Insumisa cargó contra el mando policial y la actuación del Ejecutivo. Su propia web presentó la entrevista del día siguiente bajo un título que atribuía a Macron una estrategia de dejar pudrir la situación. Es legítimo exigir explicaciones al poder. Lo que cuestiono es una jerarquía de responsabilidades que convierte al adversario político en protagonista de todas las culpas.
Quien rompe un escaparate toma una decisión. Quien saquea un negocio perjudica a personas concretas. La indignación por los precios o el deterioro de los servicios públicos no borra esa responsabilidad. Explicar el contexto social puede ayudar a prevenir nuevos episodios; utilizarlo como atenuante político permanente acaba dejando a las víctimas sin una defensa suficientemente clara.
El comerciante que paga impuestos también es pueblo. El autónomo que todavía devuelve el préstamo con el que abrió su negocio también merece protección. No entiendo una sensibilidad social que encuentra tantas palabras para denunciar al Gobierno y tantas dificultades para situar a estas personas en el centro del discurso.
Fiscalizar a la policía es necesario. Cualquier abuso debe investigarse y sancionarse cuando corresponda. Pero exigir una actuación policial proporcionada no obliga a rebajar la gravedad de las agresiones contra los agentes. Defender las libertades exige proteger también a quienes se manifiestan pacíficamente y ven cómo los violentos destruyen el sentido de su protesta.
A mi juicio, el gran fracaso político de Mélenchon es ofrecer una explicación del conflicto en la que la denuncia del poder termina ocupando casi todo el espacio. Un aspirante a gobernar debe demostrar que sabe poner límites a la movilización que apoya, aunque hacerlo le cueste aplausos. Su credibilidad depende también de esa capacidad.
Francia tiene problemas sociales que necesitan soluciones serias. Merece una oposición que fiscalice con dureza al Ejecutivo y presente alternativas viables. La competición por encabezar la indignación resulta mucho más cómoda: proporciona protagonismo sin exigir todavía que cuadren las cuentas o funcionen los servicios.
Mélenchon debe responder por sus palabras y sus decisiones, sin atribuirle delitos que no están acreditados. Y precisamente en ese terreno la exigencia ha de ser máxima. Quien pretende representar a los trabajadores tiene que defender sin titubeos su seguridad, sus empleos y sus negocios. Si su relato político deja esas vidas en segundo plano, el problema está en su relato.
La ambición presidencial no concede una dispensa de responsabilidad. Si Mélenchon quiere gobernar Francia, que demuestre que sabe poner límites incluso a la rabia que puede darle votos.
