A medida que nos hemos ido alejando de períodos turbulentos, los españoles de nuestra trágica Guerra Civil y la mayoría de los europeos de la apocalíptica Segunda Guerra Mundial, y distanciándonos de la miseria y las hambrunas vividas en las dolorosísimas postguerras, nos hemos adentrado en un período cuasi milagroso de abundancia generalizada. La mayoría de la población se ha librado de la tiranía de vivir para sobrevivir a duras penas y ha podido acceder a bienes y servicios, como la educación y la sanidad, viajar cómodamente a lugares remotos, disfrutar de lujos reservados exclusivamente a la aristocracia y a los grandes comerciantes, empresarios y banqueros durante siglos, y, en fin, alcanzar cotas de bienestar individual y colectivo impensables y una longevidad inimaginable hasta hace poco.
Paradójicamente, se ha producido en la Europa más desarrollada un aumento de la insatisfacción entre buena parte de la población con el número de horas dedicadas a ganarse el sustento y las condiciones de trabajo, los días de vacaciones y las ausencias retribuidas de que disfruta, los servicios gratuitos proporcionados por el Estado, las pensiones y las prestaciones sociales recibidas y recientemente el acceso a una vivienda digna. Podríamos calificar esta situación como la paradoja de la opulencia. La izquierda postcomunista, desacreditada tras la disolución de la Unión Soviética y la adopción de un modelo capitalista de Estado en China, ha encontrado numerosos colectivos a los que corteja cuando gobierna y lanza a tomar las calles en cuanto pierde las poltronas.
¿Qué hay que trabajar para vivir?
La realidad es que nunca se ha trabajado tan pocas horas, nunca las condiciones en que se desarrolla el trabajo han sido más favorables para los trabajadores, nunca se ha dispuesto de más tiempo libre ni recibido mayores prestaciones sociales del Estado, y nunca las viviendas han sido más amplias y confortables para los ciudadanos de a pie. Por ello, resulta cuando menos curioso que los líderes de los actuales partidos de izquierda en Europa, herederos de los partidos comunistas causantes de algunas de las mayores atrocidades perpetradas donde impusieron la dictadura del ‘proletariado’, herederos intelectuales, por tanto, de pensadores y partidos que exigían “de cada cual según sus capacidades” a la hora de producir y “a cada uno según su trabajo” a la hora de distribuir lo producido, abanderen ahora movimientos sociales que hacen caso omiso tanto de la primera máxima, aportar según sus capacidades, como de la segunda, recibir en función de lo aportado, y asuman que su misión en este momento histórico consiste en apropiarse de lo que una fracción de trabajadores aporta a la sociedad con su trabajo para distribuirlo entre quienes aspiran a recibir casi todo sin apenas aportar nada.
A los líderes de la socialdemocracia en Europa Occidental que impulsaron la incorporación de la mujer al mercado laboral, crearon sistemas para proteger a los trabajadores parados
involuntariamente, y extendieron la educación y la sanidad para mejorar las oportunidades de los grupos sociales más desfavorecidos, les ha sucedido una izquierda populista e irresponsable que desprecia la cultura del trabajo y el esfuerzo y considera prioritario conceder prestaciones y ayudas públicas a cualquier colectivo identificado como ‘vulnerable’, recurriendo con frecuencia a endeudar al Estado y pasar la factura a las generaciones más jóvenes. La izquierda postcomunista ni hace bien las cuentas ni rinde cuentas de su gestión y saca réditos electorales de una sociedad infantilizada que parece creer, como los israelitas, en el maná divino. Ahí tienen en nuestro país a la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, militante del Partido Comunista de España y líder de Sumar, celebrando un acuerdo con los líderes sindicales de CCOO y UGT, en un acto presidido por una pancarta donde podía leerse “Trabajar menos, vivir mejor”.
He de reconocer que algo de razón tenían Yoli, Unai y Pep porque el eslogan reflejaba bastante bien la pobre trayectoria laboral de los protagonistas de aquel acuerdo: los tres han trabajado muy poco a lo largo de sus vidas y los tres han logrado vivir mucho mejor que la mayoría de quienes han pasado las suyas currando y contribuyendo con sus impuestos a mantener su tren de vida. Mención especial merece la ministra de Trabajo que ha destinado 32 millones de nuestros impuestos a subvencionar precisamente a las organizaciones sindicales de Unai y Pep en 2025 y en 2026, y ellos en justa correspondencia van a organizar una huelga para el 11 de noviembre contra la oposición. Pero volviendo al fondo del asunto, ¿de veras podemos vivir todos mejor trabajando menos, subiendo los salarios, las pensiones y las prestaciones y acumulando deuda pública? Piénsenlo por un momento, porque éste es en síntesis el programa de la izquierda postcomunista en España y como les da algo de vergüenza reconocerlo prefieren llamarse ‘progresistas’, ‘sumar’, ‘frente amplio’ y otros eufemismos.
La izquierda postcomunista
Los lideres de la izquierda actual parecen creer que el capitalismo se encuentra ya en la segunda fase del proceso de transición al comunismo -nunca, por cierto, alcanzado en los países gobernados por partidos comunistas-, donde cada uno recibe según sus necesidades, olvidándose, claro está, de la primera parte del recetario que exigía a cada uno aportar según su capacidad. No resulta difícil llegar a la conclusión de que el ideal de satisfacer las ‘necesidades’ de cada uno constituye una suerte de saco sin fondo porque las necesidades de hombres, mujeres y géneros híbridos son prácticamente ilimitadas y los gobiernos se ven compelidos para satisfacerlas a detraer más y más recursos a quienes los generan y aportan según su capacidad. Y como resultan casi siempre insuficientes para cubrir los cada vez mayores gastos, aumentan alegremente la deuda pública año tras año. Las cuentas no financieras de las Administraciones Públicas en España arrojan un déficit medio de 4,73 % del PIB entre 2019 y 2025 gracias a la generosidad de los gobiernos populistas presididos por Sánchez.
A los empleados públicos se les conceden aumentos salariales y reducciones en la jornada laboral; los parados reciben prestaciones incluso cuando rechazan ofertas de trabajo y son cada vez más los ocupados que no trabajan; a los pensionistas se les aseguran pensiones cada vez más altas; a pesar de que la economía va como un cohete y el número de personas oficialmente paradas se ha reducido considerablemente, la cifra de perceptores de prestaciones por desempleo en agosto de 2026 (1.896.142) apenas difería de la de agosto de 2018 (1.836.288); el número de perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha cesado de crecer desde su puesta en marcha en 2020 y protegía a más de 2.725.899 personas en agosto de 2026, con un crecimiento interanual de 16,9 %, y un aumento medio de 11,4 % de las cuantías percibidas en las distintas situaciones contempladas. La nómina de agosto ascendió a 474,7 millones y la acumulada desde junio de 2020 a 22.744,7 millones.
Identificar vulnerabilidades (o nichos electorales, diría algún bien pensado) se ha convertido en la misión de esta izquierda postcomunista que practica una especie de Keynesianismo bastardo consistente en aumentar sin cesar el gasto e incurrir en déficits públicos, no para afrontar situaciones recesivas graves y adversidades imprevistas, sino para financiar programas públicos de carácter recurrente en períodos incluso de crecimiento económico. Así vamos acumulando una deuda pública ingente que pone en riesgo precisamente la posibilidad de recurrir a la política fiscal para afrontar situaciones adversas en el futuro. Entre junio de 2018 y junio de 2026, los gobiernos de Sánchez han aumentado la deuda en 559.368,8 millones de euros, 17.477,2 millones cada uno de los 32 trimestres transcurridos.
Reconocer que los aumentos de los salarios sólo se justifican cuando se producen aumentos en la productividad, acompasar los aumentos de las pensiones contributivas con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo, revisar los programas de gasto en prestaciones contributivas y no contributivas a los parados para incentivar la búsqueda de trabajo y penalizar el fraude, racionalizar los servicios sanitarios y educativos prestados por las Administraciones, vinculando en el caso de la educación el coste de las matrículas a los recursos de los hogares y la concesión de becas al esfuerzo realizado por los beneficiarios, examinar el efecto desincentivador del IMV y otras ayudas en la participación en el mercado laboral, etc., etc., constituyen anatemas para esta izquierda simplista y populista. Quién se atreve a plantear estas cuestiones es tachado inmediatamente de facha.
Hipócritas y fariseos
Por un lado, como repite Pedro Sánchez, están los oligotecnócratas, los fondos buitre y los especuladores de la vivienda, y esos odiadores profesionales de la derecha y la ultraderecha, y, por otro lado, los ciudadanos vulnerables como Maricarmen (las últimas noticias conocidas sobre las andanzas profesionales de la difunta recortan el aura de la inquilina elevada mártir en los altares de la izquierda), ciudadanos de a pie a los que los líderes ‘progresistas’, como Sánchez, dicen representar y cortejan con hipocresía. Sobre la hipocresía hay pocas dudas: sabemos que Maricarmen escribió a Pedro Sánchez una carta pidiéndole ayuda en noviembre de 2025 para evitar su desahucio y el presidente ni siquiera se molestó en responderle. Por su parte, el Observatorio de Vivienda Asequible cifra en 18.317 los desalojos por impago de alquiler en 2025. ¿Acaso hizo algo el gobierno de Sánchez para evitarlos?
La exclusión de cuatro diputados del PSOE, propietarios de un buen número de viviendas, de las listas para las próximas elecciones generales constituye otro ejemplo de hipocresía supina cuyo objetivo es evitar una repetición del caso de Montserrat Mínguez, portavoz y diputada del PSOE, pillada en su amoroso nidito inmobiliario (Nest Capital y Nest Capital Home), antes de las elecciones del 29-N. Claro que, puestos a aplicar la motosierra para limpiar de buitres “muy carroñeros” las listas electorales, Montero, responsable de la estrategia de campaña del PSOE, ha olvidado excluir a uno de los miembros de la enamorada familia Sánchez-Gómez que, según se ha publicado, cuenta con unas cuantas viviendas en propiedad, y un patrimonio inmobiliario, procedente de las saunas de Sabiniano (San Bernardo 36), heredado por Begoña y su hermano y pendiente aún de ser registrado. Supongo que esperarán, por prudencia progresista, a hacerlo una vez pasadas las elecciones.
