La imputación del autor de «Sumisión» por sus declaraciones sobre el islam reabre un debate fundamental: ¿hasta dónde puede llegar una democracia en la persecución penal de las opiniones que considera incómodas?
La decisión de la justicia francesa de imputar a Michel Houellebecq por un presunto delito de incitación al odio constituye un inquietante episodio en el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Europa. El autor de Sumisión, una de las novelas más provocadoras y visionarias de las últimas décadas, se enfrenta a la posibilidad de una condena penal por unas declaraciones realizadas en 2022 sobre la inmigración musulmana y los conflictos que, a su juicio, podrían derivarse de la creciente influencia del islamismo en Francia.
Houellebecq pronosticó que, si determinados territorios acababan bajo control islamista, podrían producirse reacciones violentas contra la población musulmana, incluso atentados que describió como «Bataclan al revés». También formuló afirmaciones muy duras y discutibles sobre la relación entre la población francesa autóctona y los musulmanes.
Sus palabras pueden resultar ofensivas, exageradas o equivocadas. Algunas generalizaciones merecen una crítica severa. Pero una cosa es expresar una opinión, incluso profundamente desagradable, y otra muy distinta incitar a cometer un delito. Esa distinción debería ser elemental en cualquier democracia.
Predecir una tragedia no equivale a desearla. Advertir de que determinadas tensiones sociales pueden desembocar en violencia no significa defender esa violencia. Al contrario, identificar un riesgo puede ser precisamente el primer paso para evitarlo. Si los pronósticos más pesimistas se convierten en materia penal, terminaremos persiguiendo a quienes advierten de los peligros en lugar de analizar las causas que los provocan.
No parece casual que el protagonista de esta nueva controversia sea precisamente el autor de Sumisión. Publicada en 2015, la novela imaginaba una Francia en la que un partido islamista llegaba democráticamente al poder y transformaba progresivamente sus instituciones y costumbres. Una ficción que planteaba interrogantes incómodos sobre la identidad europea, la religión y la capacidad de resistencia de las sociedades occidentales. Su valor no reside en haber acertado acontecimientos futuros, sino en haber anticipado debates que hoy ocupan un lugar central en la política francesa.
¿Se está castigando a Houellebecq por lo que ha dicho o también por lo que representa? No hay pruebas que permitan afirmar que exista una operación deliberada contra el autor de Sumisión. Pero resulta legítimo preguntarse si la hostilidad ideológica hacia sus planteamientos está contribuyendo a convertir una controversia intelectual en un procedimiento penal.
Aquí aparece el verdadero problema: el denominado delito de odio.
Nacido con la finalidad declarada de proteger a determinados colectivos frente a la discriminación y la violencia, se ha convertido en una figura jurídica especialmente controvertida por la amplitud de sus posibles interpretaciones. Su aplicación plantea una pregunta fundamental: ¿se castiga la incitación efectiva a la violencia o se termina castigando la expresión de ideas contrarias a la sensibilidad política dominante?
La expansión de estas figuras penales coincide con la creciente influencia de una cultura política que suele identificarse como woke, caracterizada, entre otras cosas, por situar la protección de determinadas identidades y colectivos en el centro del debate público. El problema comienza cuando esa protección deja de ser una garantía de igualdad ante la ley y se transforma, en la práctica, en una pretensión de inmunidad frente a la crítica.
Porque el derecho a no ser discriminado no incluye el derecho a no ser criticado, cuestionado o incluso ofendido
Especialmente preocupante resulta la posible aplicación selectiva de estas normas. Formalmente, la protección frente al odio no pertenece a una ideología ni a unos colectivos exclusivos. Pero cabe preguntarse si, en la práctica, determinadas expresiones reciben una respuesta institucional mucho más severa cuando se dirigen contra minorías religiosas, sexuales o étnicas que cuando tienen como destinatarios a otros grupos sociales.
Una misma expresión no debería convertirse en delito o dejar de serlo dependiendo de quién la pronuncia o contra quién se dirige. La igualdad ante la ley exige criterios objetivos, no jerarquías ideológicas de víctimas.
Tampoco puede confundirse automáticamente la pertenencia a un colectivo históricamente discriminado con una situación actual de indefensión. Algunas organizaciones que dicen representar a colectivos vulnerables cuentan hoy con una considerable influencia política, mediática e institucional. Esa capacidad de influencia no elimina la discriminación que puedan sufrir sus integrantes, pero sí obliga a distinguir entre la protección de personas realmente amenazadas y el blindaje de organizaciones poderosas frente a opiniones adversas.
Cuando una determinada interpretación de la realidad dispone del respaldo de instituciones, medios de comunicación y mecanismos sancionadores, mientras sus críticos se exponen a procedimientos judiciales, la discusión deja de desarrollarse en condiciones de verdadera libertad.
Europa debería prestar mayor atención a la tradición constitucional estadounidense. La Primera Enmienda de Estados Unidos ofrece una protección extraordinariamente amplia a la libertad de expresión, incluso para discursos que una gran parte de la sociedad considera ofensivos o moralmente repugnantes. No se trata de un derecho absoluto: existen límites, especialmente ante amenazas reales e incitaciones a una acción ilegal inminente. Pero su principio inspirador resulta admirable: el Estado no debe convertirse en árbitro de las opiniones aceptables.
En buena parte de Europa parece imponerse una concepción distinta, según la cual la libertad de expresión debe ceder cada vez que una manifestación pueda interpretarse como lesiva para determinados colectivos. Es una pendiente peligrosa. Porque quien decide hoy qué opiniones son intolerables puede ser sustituido mañana por otro poder político que aplique idénticos mecanismos contra sus adversarios.
La democracia no consiste en proteger las opiniones mayoritarias, moderadas o políticamente correctas. Esas apenas necesitan protección. La verdadera prueba de una sociedad libre es su capacidad para tolerar las ideas que detesta.
Houellebecq ya fue juzgado en 2002 por sus declaraciones sobre el islam y resultó absuelto. Más de dos décadas después vuelve a encontrarse ante la justicia por expresar opiniones que muchos consideran inadmisibles. El hecho de que haya matizado posteriormente algunas de sus afirmaciones demuestra, además, que existe una alternativa al castigo penal: la controversia pública, la crítica y la rectificación.
Nadie está obligado a compartir las ideas de Houellebecq. Ni siquiera a considerarlas razonables. Pero defender su derecho a expresarlas es defender el de todos, incluidos quienes sostienen posiciones radicalmente opuestas.
Una democracia que necesita recurrir al Código Penal para proteger sus ideas dominantes revela menos fortaleza que inseguridad. Y una sociedad que confunde las advertencias con las amenazas corre el riesgo de quedarse sin quienes se atrevan a advertirla.388
La libertad de expresión no es una concesión del poder a los ciudadanos. Es, precisamente, una garantía de los ciudadanos frente al poder. Sin ella, la democracia conserva sus formas, pero pierde una parte esencial de contenido.
