El rechazo a la gestión de Pedro Sánchez reúne a antiguos dirigentes de diferentes partidos políticos, intelectuales, juristas, profesores universitarios y representantes de la sociedad civil en un manifiesto que denuncia el deterioro de las instituciones democráticas y reclama una nueva etapa política en España tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Bajo el título «Manifiesto por el Cambio», el documento acusa al Gobierno de haber debilitado el equilibrio entre los poderes del Estado, relegado al Congreso a un papel secundario y convertido instituciones fundamentales en instrumentos al servicio del Ejecutivo.
Entre los nombres que aparecen en la relación de adhesiones destacan el exministro socialista del Interior José Luis Corcuera, el expresidente del Senado Juan José Laborda, la exdirigente socialista y fundadora de UPyD Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater y el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos.
También figuran el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, la ex eurodiputada Maite Pagazaurtundua, el exdirigente de Ciudadanos Jordi Cañas, la exdiputada popular Montserrat Nebrera y el ex secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas.
La iniciativa reúne así a personalidades de distintas sensibilidades políticas que coinciden en la necesidad de recuperar la independencia de las instituciones, reforzar los mecanismos de control del poder y poner fin a una forma de gobernar que, según denuncian, ha antepuesto la supervivencia política al interés general.
Denuncian la «colonización» de las instituciones
Uno de los pasajes más contundentes del manifiesto se refiere al funcionamiento de las instituciones del Estado. Los firmantes sostienen que el Gobierno ha utilizado su posición de poder para condicionar organismos que deberían actuar con independencia del Ejecutivo. «El control del Tribunal Constitucional y la colonización de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado han convertido estas instituciones en mecanismos al servicio del Gobierno y de su presidente», señala el documento.
También advierten de que la confrontación política, alentada desde las más altas responsabilidades públicas, ha reducido los espacios de entendimiento y ha debilitado la función del Parlamento.
A su juicio, durante la legislatura se ha extendido una forma de gobernar «demasiado pendiente de la conservación del poder», mientras el enfrentamiento permanente ha incrementado la desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes.
Los promotores del manifiesto recuerdan que la Constitución de 1978 nació de un gran acuerdo de convivencia y consideran imprescindible recuperar aquel espíritu de concordia, respeto institucional y reconocimiento de los límites del poder.
«Gobernar exige algo más que resistir», advierten en otro de los apartados, en una crítica a la estrategia de permanencia en el poder que atribuyen al Ejecutivo socialista.
Corrupción, falta de presupuestos y deterioro de los servicios públicos
El manifiesto también cuestiona la gestión del Gobierno en asuntos como la corrupción, la seguridad de las infraestructuras, el funcionamiento de los servicios públicos y el control de las fronteras.
Los firmantes denuncian la sucesión de investigaciones y controversias relacionadas con personas del entorno gubernamental y sus aliados, así como las acusaciones sobre las denominadas «cloacas del Estado».
Consideran que estos episodios han perjudicado gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y reclaman que se esclarezcan los hechos, respetando en todo momento la presunción de inocencia y exigiendo las responsabilidades políticas o penales que correspondan.
También cuestionan que la legislatura concluya sin haber aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado durante tres ejercicios, una circunstancia que, a su juicio, evidencia el debilitamiento del control parlamentario sobre la acción del Ejecutivo.
En materia de infraestructuras, citan el apagón eléctrico, el estado de las carreteras y las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda como ejemplos de la necesidad de situar la seguridad y la competencia profesional entre las prioridades de la Administración.
A este respecto, advierten de que la responsabilidad sobre servicios esenciales no puede quedar en manos de personas elegidas por afinidad política que carezcan de la preparación necesaria.
El documento también alude a las crisis fronterizas de Ceuta de mayo de 2021 y agosto de 2026 para reclamar una defensa de la soberanía española basada en la firmeza institucional, la cooperación internacional y el respeto a la legalidad.
Un llamamiento al cambio político el 29N
La declaración tiene como horizonte las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una cita que sus impulsores consideran una oportunidad para exigir responsabilidades por la gestión de la legislatura y abrir una nueva etapa política.
Aunque el manifiesto no solicita expresamente el voto para unas siglas determinadas, sí contiene un llamamiento inequívoco a favor de un cambio de rumbo.
Los firmantes defienden una Justicia independiente, nombramientos transparentes, un mayor control parlamentario del Ejecutivo, presupuestos sometidos a debate y medidas eficaces contra la corrupción.
«Ninguna mayoría política puede confundir su legitimidad electoral con la facultad de apropiarse de las instituciones del Estado», advierten.
La declaración concluye apelando a un voto «libre, responsable y exigente» que permita construir una verdadera opción de cambio y recuperar la dignidad de la política.
Antiguos socialistas, constitucionalistas y representantes de la sociedad civil
Uno de los elementos más significativos de la iniciativa es la diversidad de trayectorias políticas de sus adheridos.
Junto a antiguos responsables socialistas como Corcuera, Laborda o el diputado constituyente Francisco Delgado Ruiz, aparecen nombres vinculados al constitucionalismo catalán, como Josep Ramon Bosch, fundador de Societat Civil Catalana, y su expresidente Josep Rosiñol.
La relación incluye también al periodista Fernando Jáuregui, al escritor Andrés Trapiello, al profesor Félix Ovejero, al exconseller de la Generalitat Antoni Fernández Teixidó y a antiguos representantes de Convergència Democràtica, Unió Democràtica y Ciudadanos.
El documento incorpora además profesores universitarios, empresarios, abogados, economistas, médicos y profesionales de distintos sectores que respaldan la reclamación de una regeneración institucional.
Todos ellos coinciden en que las elecciones deben servir para recuperar una cultura política basada en el consenso, la rendición de cuentas y el respeto a la separación de poderes.
«España merece unas instituciones al servicio de todos, una política digna de confianza y una etapa de concordia que esté a la altura de su historia democrática», concluye el manifiesto.


