Aquí y ahora, prefiero a Felipe VI de Jefe del Estado a cualquier político

República no es sinónimo de democracia

Felipe VI
Su Majestad el Rey Felipe VI. / X.

Una de las reivindicaciones recurrentes de determinados sectores de la izquierda española, incluido el PSOE, es la sustitución de la monarquía por una república. En esta campaña tenemos la coalición ERC-Podemos reivindica activamente la República a la que equiparan con un gobierno social -comunista.

Se trata de una aspiración perfectamente legítima, pero que suele sustentarse en dos argumentos cuya solidez resulta más que discutible: que la república es sinónimo de régimen democrático y que su implantación supondría un importante ahorro para las arcas públicas. Ninguna de las dos afirmaciones se sostiene necesariamente cuando se analiza la realidad de los países de nuestro entorno.

¿Es la república sinónimo de democracia?

La identificación de la república con la democracia constituye una simplificación conceptual. La forma de designación del jefe del Estado no determina por sí misma la calidad democrática de un país. Esta depende fundamentalmente del respeto a las libertades individuales, de la separación de poderes, de la independencia judicial, de la libertad de expresión y de los mecanismos de control del poder político.

Resulta significativo que seis de los diez países mejor clasificados en el índice de calidad democrática elaborado por The Economist sean monarquías parlamentarias. Noruega, Nueva Zelanda y Dinamarca, las tres primeras clasificadas, cuentan con un monarca como jefe del Estado. También lo tienen Suecia, Canadá y Luxemburgo.

A nadie se le ocurriría cuestionar la calidad democrática de estos países por el carácter hereditario de su jefatura del Estado. Por el contrario, algunos de los regímenes más represivos del planeta son formalmente repúblicas. De Rusia, a China, pasando por Irán, Afganistán o Cuba

Esto no significa que la monarquía sea una forma de Estado intrínsecamente superior a la república, sino que la pretendida superioridad democrática de esta última carece de fundamento empírico. Es legítimo defender que todos los cargos institucionales deben ser electivos, pero esta preferencia no permite atribuir automáticamente una mayor calidad democrática al sistema republicano.

El supuesto ahorro económico

El segundo gran argumento del republicanismo español es el económico. Se presenta habitualmente el coste de la monarquía como un gasto del que podría prescindirse con la proclamación de la república, como si esta última no necesitara una jefatura del Estado dotada de medios humanos y materiales.

Un presidente de la República necesitaría una residencia oficial, dependencias administrativas, personal de confianza, servicios de seguridad, medios de transporte y recursos para atender sus compromisos institucionales y diplomáticos. Buena parte de los gastos que actualmente genera la Corona seguirían existiendo.

Las comparaciones internacionales tampoco permiten establecer una relación directa entre la forma de Estado y su coste. La presidencia de la República italiana, por ejemplo, comporta un gasto considerablemente superior a algunas de las estimaciones del coste de la monarquía española, pese a que Italia es una república parlamentaria y no presidencialista.

Pero hay un elemento que prácticamente nunca se incorpora al debate: el coste de los expresidentes de la República.

Los presidentes, a diferencia de los monarcas, son sustituidos periódicamente. Dependiendo de la duración de los mandatos, de las posibilidades de reelección y de las circunstancias políticas, un Estado puede acumular en apenas dos o tres décadas un número considerable de antiguos jefes del Estado.

En Francia, los gastos de funcionamiento y seguridad de sus dos expresidentes superaban los 3,6 millones de euros anuales en 2024, sin incluir sus asignaciones personales. En Alemania, los expresidentes pueden disfrutar, en los supuestos legalmente previstos, de una asignación vitalicia equivalente a su remuneración como presidentes, además de disponer de medios materiales y personales.

Si tomáramos como hipótesis una duración media efectiva de cuatro años en el cargo y un coste anual de un millón de euros por expresidente, al cabo de veinticuatro años podríamos tener seis antiguos jefes del Estado cuyo mantenimiento supondría seis millones de euros anuales. Y ello al margen del coste de la presidencia en ejercicio.

Evidentemente, se trata de una simulación y todo dependería del régimen económico que se estableciera. También los reyes eméritos generan gastos. Pero la frecuencia mucho menor de las sucesiones monárquicas limita considerablemente la acumulación de antiguos jefes del Estado.

Por tanto, afirmar que la república sería más barata que la monarquía sin concretar qué modelo republicano se propone ni qué prestaciones recibirían sus expresidentes constituye un ejercicio de voluntarismo más que de rigor económico.

La ventaja de no deber el cargo a un partido político

Existe, además, un tercer elemento que adquiere especial relevancia en un país como España, caracterizado por una creciente polarización política y por la tendencia de los partidos a extender su influencia sobre las instituciones del Estado.

Una de las ventajas potenciales de la monarquía parlamentaria es que el jefe del Estado no debe su cargo a ningún partido político. No ha tenido que negociar su elección, no necesita satisfacer a quienes le han votado y tampoco debe buscar apoyos para garantizar su reelección.

En una hipotética república española, ¿alguien duda de que la elección del presidente podría convertirse en un elemento más de las negociaciones entre partidos? ¿De que su designación podría formar parte del reparto de poder institucional que acompaña a los acuerdos parlamentarios?

Es posible elegir a un presidente de la República capaz de ejercer sus funciones con absoluta independencia y neutralidad. Hay excelentes ejemplos de ello. Pero el carácter no electivo de la monarquía elimina de origen una de las posibles fuentes de dependencia política.

La paradoja es que el carácter hereditario de la Corona, presentado habitualmente como su principal defecto, puede constituir también una de sus principales ventajas institucionales.

La neutralidad como condición de la monarquía

Otra cosa muy distinta sería que la monarquía abandonara su neutralidad y se convirtiera en un actor político activo, alineado con un partido o con un determinado bloque ideológico.

En ese supuesto, buena parte de los argumentos a favor de la monarquía parlamentaria perderían su razón de ser.

El carácter hereditario de la jefatura del Estado resulta difícilmente justificable si quien la ostenta pretende intervenir en la definición de las políticas públicas, condicionar la acción del Gobierno o favorecer electoralmente a determinadas fuerzas políticas.

El monarca no dispone de un mandato electoral para desempeñar estas funciones. Su legitimidad constitucional descansa precisamente en el ejercicio de unas competencias delimitadas y en su condición de representante del conjunto del Estado, con independencia de quién gobierne en cada momento.

Naturalmente, la neutralidad política no debe confundirse con la indiferencia ante la vulneración del orden constitucional. Defender la Constitución y ejercer las funciones que esta atribuye al jefe del Estado no equivale necesariamente a tomar partido. Lo que no puede hacer la Corona es identificar los intereses generales del Estado con los de una determinada formación política.

Una monarquía que se identificara con la derecha sería tan cuestionable como una monarquía que se identificara con la izquierda. Y una Corona que buscara su supervivencia mediante la complacencia con el Gobierno de turno acabaría erosionando su propia legitimidad.

Si el monarca quisiera ejercer el poder político, sería perfectamente razonable exigirle que se sometiera a las urnas, que rindiera cuentas ante los ciudadanos y que pudiera ser sustituido por estos.

La neutralidad no es, por tanto, una virtud accesoria de la monarquía parlamentaria. Es una condición esencial de su justificación institucional.

Un debate sin apriorismos

No es necesario ser monárquico por convicción histórica, sentimental o tradicionalista para considerar que la monarquía parlamentaria puede ser una fórmula institucional adecuada, incluso preferible en determinadas circunstancias.

La forma de Estado debería juzgarse por su funcionalidad, su coste, su contribución a la estabilidad institucional y su capacidad para garantizar una jefatura del Estado situada por encima de la confrontación partidista.

Quienes defienden la implantación de la república en España deberían explicar qué ventajas concretas aportaría respecto al sistema actual, cómo se elegiría al presidente, qué competencias tendría, cuánto costaría y qué mecanismos garantizarían su independencia respecto de los partidos.

Porque sustituir a un jefe del Estado que no debe su cargo a ningún partido por otro que pudiera deberlo a una negociación entre ellos no representa necesariamente un avance democrático.

Y hacerlo invocando un ahorro económico que nadie ha demostrado tampoco parece un argumento suficiente para emprender una reforma constitucional de semejante trascendencia. Sólo hace falta imaginar los candidatos posibles.

El debate no es entre monarquía y democracia, sino entre dos formas de organizar la jefatura de un Estado democrático. Y, a la vista de la experiencia internacional, no está acreditado que la república sea más democrática, más barata ni necesariamente más independiente del poder político. Y en el caso de España la insistencia en la república sólo se entiende como forma de eliminar un obstáculo para la implantación de un régimen autoritario y /o que patrocine su cuarteamiento.

Francesc Moreno
Francesc Moreno
Abogado y editor. Ha sido profesor de derecho financiero en la UAB y derecho mercantil en la UB. Fundador de cronicaglobal.com y SCC .

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