¡Sorpresa! La Ley de Regulación del Precio de la Vivienda ha provocado una sangría en la oferta, reduciéndola en un 50% y dificultando aún más el ya de por si farragoso mercado habitacional. Lejos de cumplir su promesa de facilitar «el acceso a una vivienda digna», la normativa aprobada en mayo de 2023 ha desatado todas las externalidades negativas que se podían propiciar. Ya saben, aquellas «narrativas apocalípticas propagadas por los lobbies inmobiliarios». El resultado: precios disparados, un éxodo urbano hacia periferias y un mercado cada vez más inaccesible, con una oferta extremadamente contraída y una demanda al alza.
El alquiler de larga duración cae un 50% desde la entrada de la nueva la Ley de Vivienda
— EM-electomania.es (@electo_mania) May 23, 2025
Según datos de SEAG:
📉 el 42,9% de agencias reportan fuerte descenso
📈 La demanda sube más del 20%
🏙️ Un 30,7% de inquilinos expulsados de grandes ciudades
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Los patronos de las buenas intenciones se topan así con la realidad. De poco servía que todas y cada una de las experiencias desarrolladas en Occidente avalarán las tesis que quiénes nos oponíamos, se ve que hacía falta comprobarlo de primera mano. Bien, aquí está. La hiperregulación y la inseguridad jurídica asociada, que desincentiva a su vez la construcción de nuevo suelo -la única respuesta funcional y coherente a la crisis de vivienda- deja a la población vendida. La ley tiene, por eso, un efecto positivo. Proteger a las rentas altas que ya habían accedido a una vivienda para que no les suban más el alquiler -que poder, se lo podían permitir-. Éxito sin precedentes.
Todo ello se traduce en un mercado más prohibitivo. Barcelona ve así una parte sustancial de su ya por sí limitado parque de vivienda destruido. La falta de alternativas legales para solventar los efectos negativos a los topes deja sin mucho margen de maniobra más allá de la construcción -allá donde se pueda, claro-. El problema es que esta se ve a su vez desincentivada por el marco legal vigente. Más allá de las mil regulaciones que lo convierten en una inversión poco atractiva, este tipo de experimentos lo perjudican aún más. ¿Quién en su sano juicio va a hacer inversiones millonarias en la compra de suelo y la edificación de viviendas a sabiendas de que las instituciones legislativas están en manos de intervencionistas cuya única misión parece el torpedeo de sus intereses? La fórmula es, en su conjunto, devastadora.
