Los escándalos se cobran la DGAIA -al menos en nombre-. El PSC ha anunciado la supresión de la dirección para reemplazarla por la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència –DGPPIA-. La medida -o huida hacia delante-, presentada por Mònica Martínez –consellera de derechos sociales-, responde al escarnio público contra las irregularidades que han erosionado la confianza contra la institución y el mismo Govern, incluyendo casos graves de abuso a menores bajo su tutela y señalamientos de «anomalías» económicas por parte de la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau. La nueva dirección general «priorizará la prevención» y trasladará el control de prestaciones a otra área del Departament de Drets Socials, internalizando funciones antes delegadas al tercer sector, es decir, encuadrando todas las operaciones dentro el sistema público.
Canviar el nom per no investigar tothom que hi "treballa" és corrupció, senyor @salvadorilla … pic.twitter.com/cg48SycrvK
— Illadebuda (@illadebuda) May 26, 2025
#ULTIMAHORA: Tot sol·lucionat, la DGAIA desapareix i apareix la DGPPIA!! Tot arreglat! pic.twitter.com/Kdb4KZZY0g
— Un Advocat Rebel 🧑🏻⚖️⚖️ (@Harley_Patriota) May 26, 2025
Han fet més complicat pronunciar el nom del departament DGPPIA i hi posaran un parell d'amics més a sucar.
— Titania Art Gallery (@TitaniaArtG) May 26, 2025
La reestructuración -que no deja de ser eso- ha generado reacciones encontradas. Voces críticas en redes consideran que el cambio es una maniobra para eludir responsabilidades sin abordar las raíces de los problemas. La DGAIA está acusada de haber gestionado contratos millonarios con opacidad y haber encubierto graves delitos. La ciudadanía percibe en la creación de la DGPPIA como un simple cambio cosmético que no garantiza mejoras reales. La incorporación de 300 nuevos profesionales hasta 2027 supone un notable incremento en el gasto que reproduce las lógicas que guiarion la DGAIA. ¿Se pretende que quièn generó el problema lo solucione ahora ampliando su plantilla?
El Govern defiende que la DGPPIA mejorará la protección de los 19,000 menores bajo su responsabilidad, pero la desconfianza persiste y el modelo se considera obsoleto y de constadada ineficacia. La consellera ha reconocido deficiencias en el modelo anterior, aunque evita calificar la supresión como una condena total. Los cambios, pero, no dejan de ser menores, sin que ningún cargo relevante haya asumido responsabilidades.
