Argentina ha experimentado una reducción de las agresiones sexuales en un 12,8% durante el primer semestre de 2025, -datos oficiales de la Defensoría del Pueblo de la Nación-. Este descenso se ve acompañado a su vez de una caída del 14,3% en homicidios de mujeres y un 35,9% en crímenes de trata. Esto se produce tras la implementación un texto legal más duro y de penas mucho más severas para los casos de violencia y agresión contra la mujer.
Más allá de las relaciones de causalidad, que son diversas y complejas como para reducirlas a una o diversas medidas concretas, los datos nos ponen de cara con una realidad para algunos incómoda; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, homólogo Argentino de nuestro puntero Ministerio de Igualdad, no tiene una incidencia real sobre los casos de abuso o agresión. Milei depuró el Ministerio a su llegada, integrando sus funciones al Ministerio de Capital Humano como parte de una reestructuración que redujo los ministerios de 18 a 8 con el objetivo de acabr con gasto superfluo en la administración. Sin la macroestructura, las cosas han seguido su rumbo, incluso han mejorado las cifras -lo cual no significa, ojo, que la eliminación del Ministerio tenga algo que ver, simplemente se confirma que su existencia no es una variable relevante-. El endurecimiento de las penas se demuestra, de momento y con prudencia, más efectivo para hacer frente a los crímenes machistas.
Las objetivos marcados por estos Ministerios son nobles, quizás los que más; pero las recetas para su consecución se demuestran a menudo poco efectivas, siendo esto doblemente grave si tenemos en cuenta el dispendio asociado a una estructura pública de certificada inoperancia. Nuestro Ministerio no es que de precisamente los mejores resultados al respecto. Si interpretamos el objetivo de su existencia como una garantía para la reducción de este tipo de conductas criminales, de hecho, las cifras actuales nos confirman, por degracia, que sirve para más bien poco.
