Núria López, una cocinera contratada en la prisión catalana de Mas d’Enric, fue brutalmente asesinada en marzo por un preso reincidente mientras trabajaba en la cocina del centro. Lo que en principio parecía una tragedia inevitable ha terminado destapando una cadena de negligencias institucionales que la Generalitat no ha tenido más remedio que aceptar de manera pública.
🔴 La Generalitat es reconeix responsable de la mort de la cuinera de Mas d’Enric i n’indemnitzarà la família
— VilaWeb (@VilaWeb) June 20, 2025
🔶 L’informe intern assenyala una negligència manifesta en l’avaluació de l’homicidahttps://t.co/Geom14zVlC https://t.co/Geom14zVlC
El autor del crimen está condenado por un asesinato en 2003, y había protagonizado una agresión reciente en prisión poco antes del suceso, pero aun así fue reincorporado al trabajo en cocina, un espacio con contacto con personas civiles -como lo era el caso de Núria- y, sobre todo, con acceso a utensilios peligrosos. La Generalitat admite ahora que no se aplicaron los protocolos establecidos: no se hizo una evaluación de riesgo adecuada y su reincorporación se hizo sin el informe técnico obligatorio.
¿El resultado? La víctima fue asesinada con un cuchillo industrial tras quedar sola con el interno en la cocina. La Generalitat ha ofrecido 40.446 euros como indemnización a los cuatro hermanos de Núria; a repartir, claro. Una cifra irrisoria por la vida humana y muy alejada de los 1,7 millones que reclama la familia, que puede llevar el caso a los tribunales.
En su informe interno, el Departament de Justícia asume la “responsabilidad patrimonial” y ha anunciado cambios de protocolo: los internos condenados por delitos de sangre ya no podrán acceder a trabajos sensibles como la cocina o el mantenimiento. Lo extraño es que hasta ahora se haya dado lo contraio.
