El pasado 27 de junio, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó el nuevo reglamento que pretendía regular el uso de las pistolas táser que empleará la Guàrdia Urbana. La propuesta fue tumbada gracias a los votos de los Comuns, Esquerra Republicana y Junts. Sin embargo, pese a coincidir en el sentido del voto, los motivos que explican esta convergencia son de índole diversa.
Junts y cía
Desde la formación morada alegaron que desestimaban la iniciativa por razones ideológicas. Además, evitaron dar mayor cobertura a su negativa y difundieron un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura que denunciaba “prácticas ilegales” en prisiones catalanas. ERC, en cambio, si bien no se oponía a la reglamentación y, por extensión, al uso de dispositivos de defensa eléctrica, manifestó serias dudas sobre la edad mínima de uso.
Por su parte, Junts —el verso libre de la coalición— justificó su posición subrayando que ni Jaume Collboni ni Albert Batlle habían optado por el diálogo social. “Hace seis años que defendemos la compra de pistolas táser; solicitamos a Collboni que consulte el reglamento con los sindicatos policiales”, expresó en el consistorio Jordi Martí Galbis.
PP, Vox y el reglamento de Irídia
Los partidos restantes de la corporación municipal, PP y Vox, también votaron en sentido distinto. Mientras la formación de Daniel Sirera respaldó al PSC sosteniendo que “las táser salvan vidas”, Vox se abstuvo recordando que esta propuesta de reglamento no es más que una estrategia del alcalde para “enterrar su adquisición”.
A lo largo de su intervención, Gonzalo de Oro recriminó a los socialistas no haber enviado un borrador a los sindicatos y haber presentado un reglamento “que parece haber sido diseñado por Irídia (Centro por la Defensa de los Derechos Humanos); por quienes viven obsesionados con proteger la dignidad de los asesinos, los violadores, los okupas y cualquier persona que suponga un peligro para la gente normal”.
Presión sindical
El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) también ha reprobado la propuesta del PSC, argumentando que el gobierno de la Ciudad Condal no solo no ha contado con el tejido sindical durante la elaboración del reglamento, sino que “ha tratado de confundir a la opinión pública”.
En opinión del segundo sindicato de la Guàrdia Urbana en Barcelona, Collboni estaría tratando de desconcertar a la ciudadanía al sugerir que la no aprobación del reglamento imposibilita iniciar el proceso de licitación para la adquisición de los dispositivos de seguridad. En consecuencia, mediante un comunicado publicado en su página web, la organización ha exigido al Ayuntamiento “negociar un reglamento que contemple la formación específica, la seguridad jurídica al usarlo y la dotación completa en todos los turnos”.
