El poder judicial dice basta. Más del 75% de jueces y fiscales en activo han secundado la primera huelga conjunta de la carrera judicial y fiscal contra un Gobierno, señalando directamente al Ejecutivo del PSOE como responsable de lo que consideran un grave intento de injerencia política en la Justicia.
🔴Seguimiento de la huelga: Un 75% de los jueces y fiscales han participado en la primera jornada de huelga #Justiciaenhuelga
— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) July 1, 2025
La convocatoria, respaldada por cinco de las seis asociaciones mayoritarias -todas salvo las de corte progresista-, responde al rechazo de dos reformas legislativas impulsadas por Félix Bolaños. La primera modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, sustituyendo la oposición tradicional por un modelo de concurso-oposición que desmerece la meritocracia y facilita el acceso por la puerta de atrás en base a «otros mértios» (tener el carnet adecuado, vamos). La segunda reforma amplía el poder del Ministerio Fiscal en la fase de instrucción penal, una medida que, según los convocantes, pone en riesgo la independencia judicial al concentrar más poder en la figura del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno. Solo hay que ver cómo está el actual.
Los convocantes lo tienen claro; ambas reformas abren la puerta al control ideológico de la judicatura y erosionan la separación de poderes. El seguimiento ha sido masivo en todo el territorio nacional, con suspensiones generalizadas de juicios, vistas orales y diligencias en decenas de juzgados. Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana han registrado los mayores niveles de paralización.
Desde el PSOE, se ha acusado a las asociaciones convocantes de «actuar por motivaciones políticas» y se ha defendido que las reformas buscan modernizar el sistema judicial. A desfachatez no les gana nadie. El PP ha mostrado su pleno respaldo a la huelga, denunciando que el Gobierno pretende colonizar la Justicia y socavar su independencia.
La huelga continuará durante los días 2 y 3 de julio. Las asociaciones no descartan prolongar las movilizaciones si el Gobierno no da marcha atrás. “Está en juego la neutralidad del poder judicial y la salud democrática del país”.
